La decisión de la mayoría de los magistrados del TEPJF, de revocar la decisión del INE, que le había negado el registro a Jaime Rodríguez Calderón, como candidato independiente a la presidencia de la República, para que se le incluyera en la boleta electoral, ha generado un enorme debate, por su trascendencia política nacional.
Esta decisión se suma a otra controversia, todavía no resuelta, que provocó el registro de Margarita Zavala, también como candidata independiente al mismo cargo, por el número de irregularidades detectadas en las cédulas de respaldo ciudadano, a pesar de que se ordenó una investigación de las mismas.
El daño de ambas decisiones ha sido mayúsculo.
La principal afectada es la propia figura de candidatura independiente, que nació como una esperanza para que ciudadanos sin partido pudieran aspirar a puestos de elección popular sin pasar por los filtros de las estructuras partidarias.
La lectura que hace la ciudadanía informada es que los aspirantes a candidatos independientes no son ajenos a muchas de las trampas propias de los partidos políticos. Este es un precedente muy negativo.
Pero el otro problema de fondo es por qué el TEPJF decidió exentar a Jaime Rodríguez del mínimo de firmas requeridas para el registro y no al otro aspirante, Armando Ríos Píter, a pesar de ser casos similares.
Al parecer varios de los cálculos políticos son que el primero sí puede ser un factor decisivo en la carrera presidencial; que puede quitarle votos al puntero, por su agresividad y lenguaje directo.
Aquí cuatro magistrados fueron determinantes. Curiosamente a tres de ellos se les amplío el plazo en el cargo, lo que generó una enorme controversia: Felipe Fuentes, quien pasó de seis a ocho años, autor del proyecto; José Luis Vargas, al que se le amplió el plazo de tres a siete años y recientemente fue abogado del PRI en la elección para gobernador de Colima; Indalfer Infante, quien pasó de tres a siete años; y Mónica Soto, a quien distintos medios atribuyen vínculos con Enrique Ochoa Reza.
La decisión del TEPJF ha reabierto heridas en la relación con el INE, cuyos consejeros no ocultaron ayer su inconformidad con la sentencia.
Están conscientes del enorme golpe a la confianza en las instituciones electorales.
Saben que además de las complicaciones logísticas de incorporar al "Bronco" a la boleta habrá enormes complicaciones políticas.
Está en juego la credibilidad del actual proceso electoral.
