“En materia de protección internacional, México enfrenta el desafío crítico de redefinir el alcance y las capacidades institucionales de su sistema de asilo en un entorno regional dinámico y restrictivo”, afirmó Rafael Alonso Hernández, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte (COLEF).
“Tras un periodo de crecimiento exponencial en las solicitudes tramitadas ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) —que pasaron de apenas mil 296 en 2013 a un pico histórico de 141 mil 806 en 2023—, las cifras han registrado una notable contracción, reduciéndose a 70 mil en 2025 y a 23 mil en lo que va de 2026”, explicó Alonso Hernández, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II.
“Esta fluctuación plantea retos de fondo para la política de protección: evitar que la gestión del refugio quede supeditada a la contención o al mero control administrativo, fortalecer la capacidad presupuestal y descentralizada de las instituciones de atención y dar el paso definitivo de la respuesta humanitaria de emergencia a políticas integrales de inclusión social, laboral y comunitaria”, aseveró Alonso Hernández, doctor en ciencias sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Occidente).
Asimismo, resulta urgente afianzar la articulación entre el Estado y los albergues de la sociedad civil, asegurando que el acceso se mantenga como un derecho humano efectivo y no como un mecanismo condicionado por la coyuntura de la contención fronteriza”. Alonso Hernández, activista e investigador.
“La política migratoria y el sistema de protección internacional atraviesan una reconfiguración crítica impulsada por el drástico endurecimiento de las medidas de asilo en Estados Unidos, donde las tasas de aprobación registradas por el Transactional Records Access Clearinghouse cayeron de 38.2% en 2024 y 19.2% en 2025 a un mínimo histórico de 5.5% para junio de 2026”, finalizó.
