M+.- No sabemos si Lula perderá la segunda vuelta el 25 de octubre, pero es muy probable. Por lo pronto, la oposición tomó este domingo el control del Poder Legislativo. Si Lula pierde dentro de tres semanas, Brasil sería el octavo país en cambiar de rumbo en los últimos años, después de Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Honduras, Ecuador y Perú. México quedaría como la única experiencia vigente de un gobierno popular en el poder, más allá de la débil coalición de centroizquierda en Guatemala y del minúsculo Uruguay. Cuba, Venezuela y Nicaragua difícilmente sirven de contraargumento, tanto por la inviabilidad económica que enfrentan como porque sus pueblos no están en condiciones de elegir otra opción en las urnas.
El hecho es que, en apenas cinco años, el mapa de América Latina se ha sacudido el color granado que dominaba la mayor parte del territorio. Y el cambio pendular ha sido extremo en la mayoría de los casos, con gobernantes de derecha radical.
Las explicaciones de la derrota de los gobiernos populares suelen centrarse en los errores y carencias de los presidentes: el avejentamiento de Lula, las inconsistencias de Petro, las novatadas de Boric o el desprestigio y las corruptelas del kirchnerismo. Otras subrayan el intervencionismo de la derecha internacional, en particular el de fuerzas asociadas al trumpismo. Sin duda, todo ello contribuye.
Pero cuando un patrón se repite en países tan distintos, deja de ser coincidencia y exige una explicación de fondo. Cada caso tiene su versión “local” de la pérdida de la confianza y del apoyo mayoritario: Lula no entendió que su movimiento requería un relevo más fresco; son evidentes los errores de estrategia electoral del gobierno de Petro; y así sucesivamente. El argumento varía, pero el desenlace es el mismo: el desencanto de muchos ante los logros y las expectativas que generaron estos gobiernos.
La expresión del fenómeno es política, pero la raíz es económica. Los gobiernos populares enfrentan una dificultad casi ontológica para sostener un esquema redistributivo en un mundo dominado por el mercado y sus inercias diferenciadoras. El patrón se repite: en una primera etapa, la izquierda mejoró el poder adquisitivo de los rezagados, con más éxito en unos países que en otros, pero en todos. Muy pronto, sin embargo, los recursos del Estado toparon con un límite para sostener y ampliar la derrama social. En ningún caso se lograron crear las condiciones para estimular la inversión privada y generar crecimiento y empleo, que en última instancia es la única vía para que el grueso de la población salga de la pobreza.
La lógica es simple y dura. Las transferencias, los aumentos al salario mínimo y los programas sociales funcionan al principio, cuando hay un rezago acumulado que corregir. Pero se pagan con recursos públicos y, si la economía no crece, el margen se agota. Sobrevienen entonces los rendimientos decrecientes: la gente deja de valorar lo que recibió y se impacienta por las expectativas despertadas y no cumplidas. El desgaste del gobierno crece. Lo que sigue es más casuístico y varía en cada país: el malestar se alimenta de argumentos locales, como distintas mezclas de corrupción, inseguridad y escándalos, el peso de la oposición y la fuerza de la derecha, los errores del presidente y de los suyos, y el surgimiento o no de personajes carismáticos.
Y aquí, un paréntesis. Paradójicamente, la sociedad de mercado mina por igual la legitimidad de los gobiernos de izquierda como de los de derecha, aunque por razones opuestas. Los progresistas tienen dificultades para hacer crecer la economía y sostener por mucho tiempo estrategias de distribución a contrapelo de las lógicas del mercado. Los conservadores, por su parte, tampoco la tienen fácil: las inercias del capital acumulan diferencias entre la población y entre regiones, hasta alcanzar niveles inaceptables para las mayorías. De ahí el desencanto universal de los ciudadanos con sus autoridades y el pendulismo cada vez más acentuado de las elecciones en todo el mundo.
Dicho lo anterior, conviene analizar la relativa singularidad de México en el contexto latinoamericano. Llegó más tarde a la ola progresista, por lo que el desgaste acumulado apenas comienza. Su integración a la economía de Estados Unidos es enorme, lo que matiza cualquier cambio estructural radical, por más que la retórica diga lo contrario. La oposición es mucho más débil y la presidencia controla los tres poderes. Claudia Sheinbaum gobierna con una aprobación cercana a 70 por ciento, y tampoco habría que desdeñar su capacidad operativa ni su afán de hacer más eficiente la administración pública, lo cual retrasa la ingobernabilidad.
Pero no nos engañemos. A la larga, el desafío está ahí: una carrera contra el tiempo para ganarle al desencanto y venderlo con resultados visibles en crecimiento y empleo, sin abandonar la lógica redistributiva. La 4T tiene un margen más amplio, que muy probablemente se extienda hasta 2036, pero tendría que cuidar los aceleradores del descontento, como la corrupción y la inseguridad.
La lección que dejan Brasil y el resto de la región es incómoda, pero clara: ganar elecciones con la bandera de los pobres no basta para conservar el poder. Hace falta que la economía produzca empleo y recursos para sostener lo prometido. Quien no lo consigue cede el poder a sus adversarios, por mucha razón moral que tenga.
