La decisión de sustituir una política social medianamente estructurada por el reparto de dinero en efectivo no es trivial. No sé si alcance para hablar de una transformación histórica, pero importa. Se explica con un argumento muy sencillo: que el dinero llegue a la gente, porque antes se lo quedaban los intermediarios. Mientras no haya denuncias concretas por desvío de recursos, y no parece que vaya a haberlas, es solo demagogia. Y desde luego, dada la importancia que se da al “noble arte de la política”, hay que suponer que el proyecto obedece a motivos políticos.
Por una parte, la decisión implica desmantelar una parte del aparato de seguridad social, en particular el que dependía de formas de subrogación, asociación o concertación con particulares: estancias infantiles, albergues, comedores populares. No hay una evaluación de su desempeño, no una evaluación pública, contrastable. Según el momento, según el público, se dice que había despilfarro, que no llegaba el dinero, pero también se denuncia el sesgo tecnocrático, el propósito de imponer el criterio de profesionales, especialistas, expertos. La gente no es tonta, no necesita la tutela de nadie, solo un dinerito.
Pero también se trata de desmantelar las formas de intermediación política. El argumento es el mismo, igualmente retórico. El Presidente lo repitió la semana pasada, hablando de las organizaciones campesinas: las organizaciones recibían millonadas y repartían nada más migajas, “ellos” se quedaban con la mayor parte de los recursos, ya no, no se va a tapar la corrupción. No hay ningún proceso abierto, por eso “ellos” puede ser cualquiera, todos. Comoquiera, ya no hay razón para protestar.
Uno de los recursos fundamentales de gobierno del régimen revolucionario fue la politización de las necesidades. La distancia entre las aspiraciones y los recursos, entre las leyes y las necesidades, favorecían la organización política de todos los sujetos sociales; a las organizaciones les tocaba convertir las necesidades en demandas organizadas –para negociar. Es claro que hubo abusos, pero es igualmente claro que no todo fueron abusos. Y el sistema cumplía con una función que no parece del todo desdeñable. No obstante, en la imaginación de los funcionarios del actual gobierno, todos los líderes campesinos son trasunto del don Perpetuo, de los Supermachos, de Rius. Y hay que acabar con ellos.
Eliminar a los intermediarios, a esos intermediarios, y repartir el dinero en efectivo, significa despolitizar: eliminar la influencia de los líderes, quitar recursos a las organizaciones, tratar de evitar la articulación política de las necesidades. La decisión supone, en la mejor hipótesis, que ya no habrá necesidades en el campo, o que no habrá protestas, porque serían injustas. Y en todo caso supone que es posible un gobierno directo, sin mediaciones, desde el Poder Ejecutivo federal, porque basta con la autoridad del Presidente.
Se dice que se trata de formar una inmensa clientela personal de decenas de millones. Es posible. De entrada, es un enérgico programa de despolitización. Y ellos sabrán lo que hacen.
