En diciembre de 2006, el gobierno del presidente Felipe Calderón anunció una “batalla” contra el crimen organizado en Michoacán: 5mil efectivos para “sellar” costas y carreteras, “evitar el tráfico de enervantes”, erradicar “plantíos ilícitos” y desmantelar los puntos de venta de drogas. En los primeros días de enero, el secretario de Gobernación pidió a la prensa que no diese tanta importancia a las noticias sobre la delincuencia, para “no hacerle el caldo gordo” al crimen organizado.
En ese momento nadie tenía un diagnóstico ni siquiera aproximado. Solo muchos meses más tarde, cuando la violencia era ya casi la única noticia de primera plana, el gobierno ofreció no un diagnóstico, pero al menos un relato que explicaba el origen del problema: los cárteles colombianos, la intercepción en el Caribe, el “narcomenudeo”, los territorios, los ajustes de cuentas. Y se lanzó una intensa campaña en los medios para explicar que todo era “para que la droga no llegue a tus hijos”. Es más o menos la misma explicación de las empresas de consultoría, y de bastantes académicos; es la explicación estándar del gobierno estadunidense –que si se piensa un poco, no explica gran cosa.
El gobierno pasado abandonó la retórica de la guerra, pero no intentó elaborar otro diagnóstico.
A casi trece años de distancia, estamos en las mismas: no hay una explicación oficial medianamente verosímil, consistente, que permita entender lo que se propone el gobierno. Tenemos una primera definición de la estrategia: “abrazos, no balazos”, “becarios, no sicarios”, que se apoya sobre la hipótesis sumamente discutible de que los asesinos son pobres, y que son asesinos porque son pobres, pero dejarán de serlo si se les ofrece un subsidio (dejarán de ser pobres, dejarán de ser asesinos). Pero hay otra definición, que no se ha explicado del todo, que se manifiesta en la creación de un nuevo cuerpo de Ejército con decenas de miles de efectivos (según el día, se dice que serán hasta 150 mil), que estará desplegado de manera permanente en todo el territorio; eso es para hacer frente a un enemigo mayor, pero borroso, inexplicado.
La Secretaría de Gobernación, por su parte, anunció la semana pasada el inicio de un diálogo con “organizaciones” que ofrecían dejar las armas. El subsecretario Peralta declaró que no se reunía con criminales, sino con luchadores sociales, con representantes populares, con el pueblo, y exigió que “no se vuelva a estigmatizar al pueblo de México, porque es un pueblo trabajador”. Por su parte, el senador Ricardo Monreal propone nada menos que un armisticio, al que se llegaría con cuatro condiciones: erradicar la corrupción, acabar con la impunidad, dar educación y empleo a todos los jóvenes, y “difundir una cultura de la legalidad democrática” –que es como decir que los problemas se resolverán cuando se hayan resuelto.
El Plan Nacional de Desarrollo ofrece la misma pepitoria de soluciones, sin que haya una línea para explicar en qué consiste el problema, salvo la vaguedad de la “crisis de valores” y el “resentimiento social”. Algo va mal si pedir claridad es pedir demasiado.
