La anunciada renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE representa para la mayoría de la llamada 4T en la Cámara de Diputados una inmejorable oportunidad de rectificar costosos desaciertos, superar la lógica de la aplanadora legislativa e iniciar la reconstrucción de un órgano electoral imparcial, confiable y respetable, a solo siete meses de las elecciones intermedias de 2027 y a tres años y medio de las presidenciales de 2030.
Sin embargo, para ello es preciso un amplio acuerdo de Morena y sus aliados con las bancadas del PAN, PRI y MC, aun cuando no necesiten los votos de la oposición para alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes y designar a un personaje afín al oficialismo como árbitro electoral.
La designación por tómbola de cuatro consejeros electorales en 2023 por instrucción del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se explicó por la negativa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador a buscar acuerdos con panistas y priistas.
Así fue como Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del INE y Jorge Montaño, Rita Bell y Arturo Castillo como integrantes del organismo.
Para 2026, ya con mayoría calificada en el Palacio de San Lázaro, Morena, PVEM y PT nombraron con sus votos a los consejeros electorales Arturo Chávez, Blanca Cruz y Frida Gómez, imponiendo una mayoría identificada con la 4T en el instituto.
Dichos procesos deberían traducirse en lecciones para el gobierno y sus bancadas, pues en el INE quedó evidenciado que la concentración de poder, sin contrapesos, deviene más temprano que tarde en discrecionalidad, abusos, conflictos de interés y, muchas veces, también corrupción.
Los diputados de la ahora cuestionada transformación están a tiempo de conducir la elección de un presidente o presidenta del Consejo General del INE con la mayor legitimidad del consenso y, a partir de eso, reconstruir al INE desde la pluralidad del Congreso.
