• Regístrate
Estás leyendo: Acoso escolar, lagunas legales y sociales
Comparte esta noticia
Viernes , 22.02.2019 / 03:03 Hoy

Columna de Fernando Avilez Tostado

Acoso escolar, lagunas legales y sociales

Fernando Avilez Tostado

Publicidad
Publicidad


Las lagunas legales y sociales que existen en México respecto al tema de bullying en las escuelas públicas y privadas es muy delicado. El número de casos de menores que han sufrido muertes, heridas y suicidios es muy alto, nos habla de una sociedad que desde sus orígenes es violenta y es violentada.

Sin las políticas de prevención, regulaciones disciplinarias y legales y la capacitación necesaria al cuerpo docente, nuestro sistema educativo refleja cifras altísimas de violencia escolar. El 27 de noviembre pasado, el Semanario Judicial de la Federación de la Suprema Corte de Justicia publicó la opinión que la Corte tiene sobre este tema y definió que el bullying escolar constituye la mayor relevancia social, así como el cumplimiento de los deberes de diligencia de los centros escolares.

Manifiesta, además, que es de la mayor importancia que las instituciones educativas y las personas que desarrollan la docencia cumplan con la debida diligencia los deberes a su cargo, en tanto a nivel convencional y legal existe la obligación de las autoridades, instituciones educativas, padres, representantes legales o cualquier otra persona que tenga a su cargo a un niño, de protegerlo contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.

La Fundación No Más Negligencias Médicas AC, que surge como una organización de la sociedad civil, y que cuenta con más de ocho mil afiliados, sin filiación partidista y con recursos propios de sus integrantes y de donativos, funciona acompañando casos de negligencias médicas y de bullying a escala nacional. Recientemente dio a conocer dos casos de acoso escolar muy notorios, donde la justicia no se ha aplicado no solo para las víctimas, sino para el proceso que han vivido los familiares de dos menores agredidas.

Un caso es el de la niña Adriana Berenice Hernández García de 6 años, a quien en un día normal de clases en la primaria Sebastián Lerdo de Tejada (clave ECO51-2498-516-33-X-023) ubicada en la calle número 39, colonia Ampliación Miguel Hidalgo, 4a. Sección, un compañero de escuela con unas tijeras golpeó a la menor en el ojo, ocasionándole una herida corneal con salida de tejido y hemorragia de la cámara anterior del ojo derecho. Lo que hizo que perdiera la visión de su ojo.

Los familiares demandaron a la Secretaria de Educación Pública por los daños físicos y morales para la menor y su familia. Esta responsabilidad ya está reconocida por la SEP, sin embargo, quieren indemnizar a la víctima con una cantidad injusta. En estos casos, por los daños morales al menor y sus familiares, los gastos médicos que requieren, medicamentos y las terapias, la reparación suele ser cotizada en otros países con leyes muy estrictas al respecto, aproximadamente en 30 millones de pesos en promedio.

Sin embargo, en México la cultura de nuestro sistema educativo y de salud es que cuando estos hechos ocurren, ya no hay remedio, que más da perder un ojo o una pierna. Por eso es importante infomar que todos estos procesos de bullying o violencia en las escuelas públicas que dependen de la SEP, y que redundan en algún daño físico o moral para el menor y su familia, solo cuestan en la visión legal y de responsabilidad social para las autoridades educativas, la cantidad máxima de 120 mil pesos, a través de la aseguradora Interacciones. Pólizas que los padres son obligados a firmar por los directivos de la escuelas, cuando sus hijas e hijos ingresan a los centros escolares.

Los familiares de Adriana Berenice, Emigdio Trinidad Hernandez y Silvia García Zepeda, quienes han tenido que costear las terapias, los gastos médicos y las operaciones, durante años, rechazaron la cantidad. La fundación los ha acompañado en este proceso, ya que en México las estadísticas hablan de que si las personas no se sienten apoyadas, no denuncian.

Este juicio, que es responsabilidad administrativa del Estado, ahora está empezando un nuevo procedimiento ante el Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa. Actualmente, de este suceso tan doloroso que ya ha durado años, tienen conocimiento la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia. Lo más peculiar del asunto, es que el menor agresor sigue tomando clases en la misma escuela.

En el otro caso, la situación fue más grave aún, la menor adolescente murió. Los hechos sucedieron la tarde del jueves 26 de febrero de 2009, en la escuela secundaria técnica número 148 Lao Tse (clave: C.C.T.09DES4148A). Dentro del salón de clases, Adriana Martínez sufrió por parte de un compañero repetidos ataques por medio de una liga con la que le disparó con clips metálicos, que fueron proyectados en la sien de la joven, causándole convulsiones, lo que le provocó la muerte por derrame cerebral. Fue notoria la imprudencia del director del plantel, que mandó a llamar a la mamá, quien trabajaba muy lejos de la instalación escolar, y al que nunca se le ocurrió mandar llamar primero una ambulancia.

La menor fue enterrada en el panteón de Tláhuac, con los pocos recursos que su madre obrera pudo tener. La SEP le ofreció tres mil 288 pesos para el funeral, mismos que en su momento la mamá no aceptó .

Este caso habla de la falta de capacitación y de sensibilidad del cuerpo docente. Quienes demandaron a la SEP fueron la mamá de la menor y su hermana, Guadalupe Ruiz Lozada y Dania Martínez Ruiz, esta última además tuvo que padecer el proceso de la pérdida de su hermana frente a sus propios ojos, sin poder hacer nada.

La autoridad, a través de su aseguradora Interacciones, reconoció la responsabilidad civil de los servidores públicos de la escuela secundaria, firmando un documento. Sin embargo, ofrecieron como indemnización por la muerte de la menor, la cantidad de 163 mil pesos, que nuevamente la familia de la menor fallecida no aceptó y demandaron.

El juicio se ha llevado a todas las instancias, incluida la Suprema Corte de Justicia, que determinó que dicha responsabilidad tendría que hacerse valer directamente en la vía administrativa del Estado, pero todo ha resultado infructuoso, pues a la fecha, la Secretaría de Educación Pública se ha negado a acatar la orden de pago.

En 2009, el ministro Arturo Saldívar, de la Primera Sala de la Corte, por unanimidad de votos, se pronunció sobre este caso y puntualizó: "Es una oportunidad importante para que la Corte empiece a establecer cuáles son los alcances de los derechos que tienen los niños, los estudiantes, y cuál es la responsabilidad que tienen los profesores para el cuidado de los niños que sufren este fenómeno que se ha denominado bullying", y ordenó a la SEP indemnizar a la madre de la adolescente muerta.

De esta forma, es severamente reprochable la conducta negligente tanto de un instituto de enseñanza, como de su personal docente, pues no obstante que era su obligación generar un ambiente escolar adecuado y crear instrumentos de conducta que protejan a los estudiantes contra el abuso y el acoso por parte de otros estudiantes o del personal, fueron totalmente omisos, e inclusive permitieron dicha violencia, colocando no solo al menor en una situación de riesgo, sino generando un ambiente inadecuado para todos los alumnos.

Solo para la reflexión: Adriana Martínez había cumplido recientemente 14 años y era una alumna sociable, seria y ejemplar, cuestión que molestaba al adolescente agresor.

*Presidente de la Fundación no más Negligencias Médicas AC

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.