El informe 2020 de la situación de derechos humanos en el mundo, elaborado por el Departamento de Estado norteamericano, en lo referente a Latinoamérica y a México reitera lo conocido: la impunidad ha expuesto a los mexicanos a una situación en extremo grave. La ausencia de justicia se ensaña con las mujeres, los gays, los menores, los defensores de derechos humanos y los periodistas.
El deterioro viene de atrás, pero ahora es peor. La denuncia institucional o social está en sus mínimos. Si no fuera por la respuesta del feminismo y de las víctimas de la violencia —groseramente descalificadas por el presidente López Obrador—, prácticamente no habría reclamo público. La CNDH está en su peor momento. Ahora sí es la tapadera del régimen que se autonombra humanista.
Fue un error mayor haber militarizado la seguridad pública. Es una definición global la recomendación de alejar a las fuerzas armadas de la labor que corresponde a las policías bajo mando civil. El Presidente podrá instruir a los militares o a la Guardia Nacional respeto escrupuloso a los derechos humanos y hasta brazos caídas frente al crimen, lo cierto es que la naturaleza misma de las instituciones los expone y compromete la salvaguarda de los derechos humanos.
Como en muchos temas, el Presidente acusa ignorancia sobre la realidad del mundo. Reclama que el gobierno norteamericano y que las mismas organizaciones civiles denuncien la grave situación en materia de derechos humanos. Como es costumbre, descalifica al emisor. Los derechos humanos no son solo asuntos nacionales a atender por el régimen legal doméstico; si algo ha significado el avance del sistema de justicia penal internacional es la posibilidad de emprender acción legal contra los abusos en la materia. Por cierto, el Dr. López-Gatell es candidato a un proceso legal penal, tarea que debe emprenderse por los expertos médicos a manera de documentar su desempeño criminal en el manejo de la pandemia. Algo semejante puede suceder con Félix Salgado Macedonio.
El país ha retrocedido en la salvaguarda de los derechos humanos. La retórica despectiva del gobierno a la denuncia social profundiza el problema y pospone soluciones. Esto apunta a la necesidad de recurrir a las instancias internacionales. La negligencia criminal está sancionada. La impunidad es la renuncia institucional para llevar a la justicia a los criminales, queda claro, no de ahora, sino de hace tiempo, por connivencia, corrupción o negligencia; el Estado mexicano es un caso inaceptable de renuncia a la legalidad y la justicia. Más temprano que tarde la situación de México habrá de atenderse por las instancias judiciales internacionales. Guste o no a quienes invocan soberanía a manera de mantener el inaceptable estado de cosas.
Federico Berrueto
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