El presidente López Obrador considera que para su causa todo lo vale. El apoyo no solo viene de la base social, también hay un sector calificado de la sociedad convencido del proyecto y la necesidad de hacerlo valer a toda costa. La tesis, quizá válida en la oposición, se ha vuelto veneno para la democracia mexicana. Creer desde el poder que todo debe someterse deviene en intolerancia, autoritarismo y en la fractura del edificio institucional que sustenta a la democracia.
Para el Presidente no hay términos medios, se está con él o en contra. Al de casa justicia y gracia, sobre todo gracia; al de enfrente, insulto y descalificación y, en casos emblemáticos, persecución por los suyos, como ha sido el caso de bloquear cuentas sin sustento ni derecho de audiencia. Ha pasado mucho tiempo y no ha habido cambio en las formas y debilidades del Presidente. Él considera que va por el camino correcto al destino deseado, más aún, los inesperados problemas le hacen mostrarse impaciente y a disgusto.
La corrupción es dolorosa realidad. El régimen actual llegó al poder con el mandato de combatirla. Limpiar la casa requiere de determinación y firmeza más allá de las palabras y las intenciones. Se precisa de combatir la impunidad —la del pasado y la del presente— con la ley en la mano. No ha ocurrido así. Justicia selectiva no es justicia. El combate a la impunidad o al crimen requiere observar la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y el cuidado al debido proceso.
Las palabras del Presidente conectan con los mexicanos en el afán de acabar con la venalidad. Sin embargo, como en muchos asuntos, los resultados son otra cosa. Las palabras por sí mismas no resuelven, pero sí tienen un potencial corruptor al proceso legal, además de que el denuesto a particulares afecta derechos y deteriora la credibilidad y confianza en las instituciones. La personificación del justiciero que mucho denuncia de palabra y poco actúa por la vía judicial, envilece la lucha contra la corrupción y dispara expectativas que habrán de derivar en un nuevo desencanto.
El Presidente no advierte que sus palabras intimidan y generan efectos de persecución política, quizá sin pretenderlo. La FGR, la Fepade, el SAT, la UIF, la SFP, etc. actúan a partir de los señalamientos y acusaciones presidenciales. Afortunadamente, en las dos primeras instituciones ha prevalecido la prudencia y el cuidado.
El poco comedimiento —por decir lo menos— en el mensaje presidencial del sábado pasado, en el que se refiere al INE y humilla a su adversario favorito es una radiografía del estilo personal de gobernar. La generosidad y la grandeza no existe en el diccionario de la 4T.
El Tribunal Electoral tendrá ahora la determinación final sobre la legalidad del proyecto de partido que promueven Felipe Calderón y su esposa. El fallo debe atender a estrictas razones jurídicas. Para tales efectos, las palabras del Presidente no debieran existir.
Andrés Manuel López Obrador debiera entender que sus palabras no son de un ciudadano más, sino las del hombre más poderoso.
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