Política

Inicia defensa de la Ley ISSEMyM

Durante el inicio de la glosa del primer informe de Gobierno de Alfredo Del Mazo Maza, en la sesión del pleno de la 60 Legislatura mexiquense, se avizoran las políticas públicas que el mandatario mexiquense implementará en los próximos meses, con la entrada ya de la bancada de Morena, pero también con la llegada de los próximos alcaldes que tomarán protesta en los próximos 60 días.

Los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Ozuna Rivera, y de Finanzas, Rodrigo Jarque, dejaron entrever la estrategia del gobierno estatal en materia política y social (hoy estaremos atentos a lo que establezca Maribel Cervantes en materia de Seguridad). Ahí destaca, en primera instancia, la posibilidad de aumentar a siete municipios la declaratoria de Alerta de Género con la que actualmente cuentan 11 municipios, con lo que se llegaría a 18, posiblemente.

Sin embargo, lo más destacable de la sesión de ayer no fueron algunos discursos estridentes que, a pesar de contar con la mayoría relativa en el Congreso, siguen siendo oposición ante la gobernabilidad del PRI. Lo fue el inicio de la defensa de la recientemente aprobada Ley ISSEMyM, que el grupo parlamentario de Morena amenazó con echar abajo desde antes de tomar protesta.

En voz del diputado Marlon Martínez Martínez, del PRI, hizo énfasis de la situación financiera por la que atraviesa la propia institución para después preguntar sobre el adeudo que el gobierno mexiquense tiene con la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud, ANDI; sin embargo no hubo respuesta.

El cuestionamiento fue constante también por otros legisladores. ¿Por qué, si ya hubo una reforma al ISSEMyM en el 2012, seis años después la institución se encuentra en crisis? a lo que Rodrigo Jarque Lira, como respuesta, detalló la ruta que se empleó:

En primer lugar, se planteó la idea de incrementar la edad del retiro de los actuales funcionarios públicos estatales, es decir, pasar de 62 a 67 de edad y 14 años de servicio, mínimo. Se descartó.

En segundo lugar, era incrementar las aportaciones de los pensionados hasta de un 40 por ciento en cuentas individuales para fondo de retiro. Se canceló.

Como tercera opción fue que la próxima generación deberá aumentar la edad de retiro y aumentar las aportaciones, y fue lo que se aprobó en la pasada Legislatura.

Si bien el propio presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández, destacó que será en 2019 cuando se analice la viabilidad de dicha Ley, es cierto que se deberá actuar de forma responsable, primero, para garantizar las pensiones de los actuales 67 mil pensionados pero también de los próximos 87 mil que se prevé se jubilen en los próximos 5 años. Veremos.

fabian.rodriguez@milenio.com

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Fabián Rodríguez
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