La abrogación de la Ley ISSSEMyM, recientemente realizada por la mayoría de Morena en la 60 legislatura mexiquense trae consigo connotaciones sociales y polarización en el sector burócrata por ser, hasta el momento, el enfrentamiento más polémico de ese partido con la administración estatal. Así lo demuestran las voces que se han pronunciado en el tema
Si bien existe la estrategia del Gobierno del Estado de México para demostrar buena fe a través de la concordia y coordinación entre los gobiernos federal y estatal, el debate al interior del poder legislativo fue duro a tal grado de que Alejandra Del Moral, dirigente del PRI, emitió un mensaje en redes sociales muy fuerte en contra del grupo parlamentario de Morena, a quien culpó de posibles cierres de hospitales y despido del personal, lo que, dijo, prácticamente generaría caos y colapso inminente, afectando a 60 mil derechohabientes..
Al responder a esta postura, Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el congreso, pidió responsabilidad y seriedad en asuntos del estado, pero sobre todo no infundir miedo. Y catalogó como una falacia y postura demagógica “querer espantar a la ciudadanía”.
Escuchando ambas posiciones, hay que darles el contexto merecido: la abrogación de la ley fue un hecho cantado desde antes de que esta Legislatura entrara en funciones, de eso no puede quejarse el tricolor, lo que no imaginaron es que hubiera sido tan pronto, solo tres meses después de su llegada.
Por el contrario, el PRI no ha respondido adecuadamente del por qué, si ya se había hecho una reforma en la materia en el 2011 -con la venia del priismo estatal- para darle viabilidad financiera al instituto, hacer otra de nuevo siete años después. Mal y de malas al querer justificar y culpar a otros de una crisis financiera de la que fueron responsables por mucho tiempo.
Sin embargo será una decisión difícil ahora para el propio gobernador del Estado de México, quien es el responsable de publicar la dicha abrogación en la Gaceta de Gobierno o no, es decir, el artículo 59 constitucional destaca que “el gobernador estatal puede formular observaciones a las leyes o decretos que expida la Legislatura y remitirlas para su discusión y, en su caso, aprobación dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción”.
¿Continuará con la concordia hasta el momento aplicada, o realizará las observaciones que crea pertinentes?
La moneda está en el aire
