Morena sigue dando pasos para hacer de México una autocracia de partido único. A las leyes que restringen la libertad de expresión como la Ley Antimemes o la cooptación de las instituciones autónomas del estado mexicano (CNDH, INE, Tribunales), ahora hay que incorporar el golpe penal. El uso faccioso de la justicia en contra de los oponentes políticos. La selectividad en su ejecución: inmunidad e impunidad para los míos, crueldad penal para los adversarios.
César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, fue detenido y es acusado de traición a la patria por la Fiscalía General de la República (FGR). Jáuregui, mano derecha de la gobernadora panista Maru Campos y un político de larga trayectoria en Chihuahua, está siendo señalado de encabezar un operativo con agentes de la CIA y el ejército en contra de un narcolaboratorio. En el operativo murieron dos agentes de la CIA. Según la Presidenta del país, que parece la portavoz o vocera de la Fiscalía, el delito de Jáuregui es el haber dejado entrar sin autorización de la Federación a elementos de la CIA.
Es ridículo que quieran configurar el crimen de traición a la patria por ello. Lo que se le imputa a Jáuregui es la fracción I del artículo 123 que dice lo siguiente: realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero.
¿En qué momento Jáuregui puso en riesgo la independencia, soberanía o integridad del país? ¿En qué momento Jáuregui tuvo como finalidad el sometimiento de México a un país extranjero? La colaboración en la frontera es recurrente entre fuerzas del orden y agencias de inteligencia de ambos países. Puede haber un problema procedimental o una actuación errónea de Jáuregui, pero nunca del tamaño de lo que supone la traición a la patria.
Para que tenga una idea clara estimado lector, hace 159 años fue la última vez que se configuró exitosamente el delito de traición a la patria. El caso fue contra Maximiliano, Miramón y Mejía, fusilados el 19 de junio de 1867. Tras dicho fusilamiento, se han intentado probar hechos de traición a la patria en contra de Carlos A. Madrazo en 1945 por irregularidades en el programa Bracero; en 2003 en contra de policías de Chihuahua por la entrega de 15 mexicanos al FBI, y en 2024 en contra de Joaquín Guzmán López por el traslado del “Mayo” Zambada a los Estados Unidos. Ninguno de estos se sostuvo como traición a la patria.
Mientras la Fiscalía se lanza en contra de Jáuregui por un delito decimonónico que no se sostienen ni en los hechos ni en la ley, el Gobierno de Morena ha decidido exonerar a todos aquellos cargos electos que llegaron bajo las siglas del partido guinda.
El 8 de julio la FGR dijo no haber encontrado prueba alguna de vínculos de Rocha Moya y otros nueve exfuncionarios con el Cártel de Sinaloa. A pesar de los múltiples señalamientos provenientes de Estados Unidos e incluso la dimisión del gobernador.
En mayo de 2025, Sheinbaum defendió a Marina del Pilar y dijo que la FGR no tenía ninguna investigación relacionada con la mandataria de Baja California, pese a que Estados Unidos le había revocado la visa a ella y a su entonces esposo, Carlos Torres.
El 30 de septiembre Sheinbaum reiteró que la FGR no investiga a Andy López Beltrán. Esto pese a que dos marinos convertidos en testigos colaboradores lo relacionaron con la red de huachicol fiscal, según la defensa del contralmirante Farías Laguna. The New York Times reportó que dos agencias estadounidenses revisan las acusaciones en su contra.
Toda la fuerza del Estado contra mis adversarios y toda la impunidad con los míos.
El fondo de este debate es el de siempre en México: la selectividad política. El Gobierno de Claudia Sheinbaum, que utiliza a la Fiscalía como su brazo político, endurece el discurso y las medidas contra gobiernos de oposición (como Chihuahua y Jalisco), mientras permite que las administraciones morenistas queden impunes. La ciudadanía expulsó al PRI del poder por la corrupción. La concentración de poder que premia a los amigos y castiga a los enemigos, es corrupción. Penalizar a un cargo público con traición a la patria por atacar un narcolaboratorio en un operativo binacional excede cualquier límite democrático. En Estados Unidos verán a México como un país que no quiere atacar firmemente al narcotráfico. En el mundo se verá como un país que utiliza criterios penales del siglo XIX para castigar opositores; criterios marcadamente políticos y no jurídicos. Y en nuestro país, el mensaje es que cualquiera que no coincida con Morena tiene el peligro de que toda la fuerza del Estado caiga sobre él. Más allá de Jáuregui y su trayectoria en Chihuahua, la actuación del Gobierno de Sheinbaum y de su Fiscalía es facciosa y lamentable.
