Esta semana se cumple un año del programa Remain in Mexico o Quédate en México con el que más de 62 mil solicitantes de asilo han sido retornados al país para esperar aquí la resolución de sus casos ante las cortes de inmigración estadounidenses. Además de la falta de protección y de la ausencia de asistencia humanitaria básica para los migrantes, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido incapaz de responder en todo este tiempo a una pregunta central sobre lo que se ha convertido en una catástrofe en la frontera. ¿Quién autorizó el retorno de los migrantes a México?
En su libro Border Wars, los corresponsales del New York Times Julie Hirschfeld Davis y Michael D. Shear aseguran que el acuerdo fue diseñado en secreto por Javier López Casarín, uno de los hombres de confianza de Marcelo Ebrard a quien los autores identifican como asesor externo del canciller. La Secretaría de Relaciones Exteriores niega la existencia del acuerdo y por lo tanto niega que López Casarín haya estado involucrado. Más allá del descaro, al menos tres fuentes de alto nivel en la cancillería aseguran que las negociaciones existieron y que México estableció una serie de condiciones para la implementación de lo que tramposamente llamaron MPP o protocolos para la protección de migrantes, por sus siglas en inglés.
Entre las exigencias del lado mexicano figuran la protección a poblaciones vulnerables como miembros de la comunidad LGBTQ, personas con discapacidad y menores de edad. El anuncio previo sobre el cruce fronterizo en el que serán retornados los migrantes y la promesa de que todas las personas regresadas al país tienen casos pendientes ante las cortes de migración. Se han registrado múltiples instancias en las que autoridades estadounidenses han incumplido con lo establecido. Apenas ayer el subsecretario del Departamento de Seguridad Interna, Ken Cuccinelli, celebró el aniversario del programa anunciando que se extiende a ciudadanos brasileños. Es decir, a personas que no hablan español y que deberán esperar abandonados en México sus citas de asilo.
Es probable que las cortes estadounidenses declaren la ilegalidad de Remain in México. Varios legisladores estadounidenses han visitado los campamentos en Matamoros y han criticado las condiciones en las que permanecen los migrantes. El propio departamento de seguridad interna lanzó una investigación sobre las irregularidades del programa. Lo que es un hecho es que el gobierno de México actúa como cómplice en un esquema diseñado para torturar a miles de personas, en su mayoría familias, con casos legítimos de asilo. Y que en nuestro país nadie rinde cuentas por esto, nadie tiene el valor de dar la cara.
