Aprovechando la atención internacional que México concentra hoy por ser sede de la Copa Mundial de la FIFA, no faltan razones para manifestarse en las calles. Entre ellas están madres buscadoras que durante años han tenido que salir al campo con pico y pala para buscar bajo la tierra los restos de sus hijos, arrancados de sus hogares.
De ahí que la pregunta resulte inevitable: ¿La legitimidad de esta causa basta para justificar la alteración de la vida cotidiana y la afectación de derechos de terceros, como la libertad de tránsito o los derechos al trabajo, a la educación, a la salud y a la seguridad, incluidos los de quienes llegan a México atraídos únicamente por la celebración de esta fiesta deportiva?
En México, como en la mayoría de los países, el derecho a la expresión de las ideas y la protesta está protegido. No desaparece porque haya un evento deportivo como la Copa Mundial de la FIFA; por tanto, las manifestaciones pacíficas, no violentas, no pueden ser prohibidas.
El problema surge cuando la protesta deriva en actos de violencia, como el bloqueo de vías estratégicas, los daños a bienes públicos o privados y las agresiones físicas. En esos casos, el ejercicio legítimo del derecho a la manifestación entra en tensión con los derechos de terceros y con el mantenimiento del orden público.
Además, algunos grupos pueden recurrir deliberadamente a acciones de confrontación con el propósito de provocar una respuesta desproporcionada de las fuerzas de seguridad y utilizar posteriormente esa reacción como evidencia de abuso o represión gubernamental.
Sin restar importancia a las causas que motivan a quienes se manifiestan en las calles –incluidos algunos actores que diversos sectores señalan como influenciados por fuerzas políticas de oposición–, considero que el problema más grave es el de las madres buscadoras.
Es una tragedia que hunde sus raíces en la década de 1970 y cuyo caso más emblemático es el de Rosario Ibarra de Piedra, quien desde esa época comenzó la búsqueda de su hijo, Jesús Piedra Ibarra, desaparecido presuntamente a manos de fuerzas de seguridad; de 2006 en adelante, este fenómeno ha crecido.
