Cipriano Charrez Pedraza cumple dos semanas preso en el Cereso de Pachuca y hasta el momento su futuro es incierto. Si bien se le vinculó a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa tras la denuncia interpuesta por su hermano Pascual, los argumentos jurídicos no han sido del todo esclarecidos para determinar su probable culpabilidad en lo que se le imputa.
Charrez, quien se declaró en huelga de hambre desde el pasado viernes 20 de septiembre, anunció mediante sus redes sociales el cambio en su equipo de defensa legal, que sería el tercero que se conoce públicamente hasta el momento desde que empezó su periplo por haber chocado en octubre de 2018, hecho que provocó la muerte de un conductor en otro vehículo.
Para marzo de este año, previo a su proceso de desafuero en la Cámara de Diputados en San Lázaro, se supo que la defensa del entonces diputado federal corría a cargo del reconocido litigante de la Ciudad de México, Gabriel Regino.
Días antes del desafuero, Regino renunció a la defensa de Charrez sin conocerse los motivos. Posteriormente Charrez parecía haber librado la justicia hasta que, sin fuero, comenzó una guerra de declaraciones con las autoridades de Hidalgo hasta que fue aprehendido en septiembre pasado. Su abobado, Ulises Hernández Ortega, fue quien dio los pormenores y declaraciones a los medios en medio de alegatos y una audiencia maratónica en la que finalmente fue vinculado. Una semana después, Charrez vuelve a cambiar de bufete y ahora es representado por Adolfo Estrada Díaz y la firma Common Law & Abogados, litigantes con sede en Pachuca quienes llevan casos de los juzgados penales. La defensa de Charrez no es cosa fácil y hasta ahora los que le han entrado no han perdurado; ¿se le habrán terminado los argumentos al ex edil de Ixmiquilpan o de plano estamos ante un caso perdido, hablando en términos jurídicos?
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