El tema que puso en boca de toda la clase política el recién llegado gobierno de la 4T en Hidalgo fue sin duda la investigación del presunto desvío de recursos entre municipios y la Secretaría de la Contraloría en el sexenio anterior.
El propio gobernador Julio Menchaca fue el encargado de revelar el asunto a medios de comunicación, y posteriormente el nuevo titular de la Contraloría, Álvaro Bardales, le dio seguimiento, junto al fiscal encargado de la Procuraduría del estado, Santiago Nieto Castillo.
Hasta el momento suman 13 presidentes municipales, supuestamente involucrados en el asunto, algunos de ellos ya con acercamiento ante las autoridades, y otros incluso han devuelto el dinero que se les depositó días antes del 5 de septiembre, fecha en la que concluyó la administración de Omar Fayad Meneses.
Sin más descubrimientos del caso, hasta ahora, se supo que los ediles señalados decidieron no quedarse de brazos cruzados y comenzar una indagatoria en conjunto en donde están dispuestos a declarar lo ocurrido, apuntando de forma directa a uno de los ex secretarios del gabinete estatal anterior. Una de las claves del tema se dio en la región de Tula y Huichapan, en donde el presidente municipal de Nopala, Luis Enrique Cadena García, buscó el apoyo de los diputados federales de su partido, Morena, para poder despejar las acusaciones. El diputado federal Cuauhtémoc Ochoa llevó el asunto a San Lázaro a inicios de octubre, en donde presentó la iniciativa de decreto a la Ley General de Responsabilidad Administrativa para que se considere si en las faltas graves existió una red de participación y complicidad de dos o más funcionarios públicos. El tema ya está muy encaminado en las instancias penales, y parece que habrá una resolución preliminar en el corto plazo, pero que puede tener implicaciones para los gobiernos municipales a partir de 2023, donde el recurso será manejado en su totalidad por el gobierno del estado.
Eduardo GonzálezTwitter: @laloflu
