Iniciaron los Diálogos Nacionales para las reformas constitucionales al Poder Judicial en donde el ánimo de los diputados federales y senadores, que están por dejar el cargo en agosto, y los que van a llegar a partir de septiembre, está en la misma línea.
Es decir, no se prevé marcha atrás en la reforma y por eso se iniciaron los parlamentos de “¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?”, que se debatieron en la Comisión Permanente y en San Lázaro.
Representantes de Morena, PAN, PRI, PT y MC participaron y por increíble que parezca, hay una similitud en el pensamiento de que, en efecto, el Poder Judicial requiere de una transformación.
El asunto recae en qué clase de transformación necesita el Poder Judicial, si este solamente va por un rediseño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o si es necesario configurar un organigrama desde abajo.
Morena es claro y así lo ha dejado ver Ricardo Monreal, actual senador, próximo coordinador legislativo en la Cámara de Diputados, pues señalan que no se trata de elegir jueces, magistrados y ministros a modo, ni está en riesgo su autonomía, ni se pretende desaparecer a la Suprema Corte.
El tema es que, en un marco de transformación de la República, se reduzca la brecha que existe en las y los ciudadanos con el sistema encargado de impartir justicia, así como reducir la corrupción dentro de sus instancias e incentivar la rendición de cuentas.
El PRI se ha sumado a este pronunciamiento, si bien desde un tono opositor, pero siendo considerado en sus planteamientos, pues afirmaron que se tiene un Poder Judicial que, aunque ha mostrado avances en ciertos aspectos, sigue siendo insuficiente para atender las necesidades de justicia de la población.
Junto al PAN, con quienes encabezaron la coalición opositora en las recientes elecciones del 2 de junio, coinciden en que se requiere un Poder Judicial verdaderamente independiente, imparcial y eficiente y un sistema judicial que sea un auténtico garante de los derechos humanos, que actúe con justicia y equidad, y con jueces y magistrados comprometidos con la legalidad y la ética.
Los legisladores indicaron que a partir de un diagnóstico, se busca justiciar el cambio, pues se dice que es evidente que hay actos de corrupción en el Poder Judicial, nepotismo, malas decisiones e impunidad.
Según los datos expresados en la Comisión Permanente, en 2023, en México había 4 jueces por cada cien mil habitantes cuando el estándar internacional es de 65, pero la propuesta no resuelve ese diagnóstico ni es integral al no tocar a las fiscalías, a las defensorías de oficios ni propone policías con capacidad de investigación ni profesionalización de la abogacía.
Hay que resaltar que en la discusión, no todo ha sido planchado o en la misma tesitura. El PAN sigue pronunciándose como el gran opositor a la 4T y hacen notar que por tercera ocasión se quiere hacer una reforma de la reforma, pero en materia de Guardia Nacional.
La primera se acompañó por los panistas en 2019 pero con mando civil; la segunda no fue así, al no estar de acuerdo al incorporarla a la Secretaría de la Defensa Nacional y, en la tercera, se va a insistir que se abra para que vaya a la Sedena, es decir en manos de los militares.
Se trata pues, de una discusión amplia, que abarca el tema de la justicia para los mexicanos, en todos sus aspectos, tanto en la seguridad pública, el respeto a los derechos humanos y la impartición de la misma.
