La convocatoria para concursar diez plazas de magistrado (tres civiles y 7 penales) en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México ha generado toda clase de reacciones entre el gremio de los abogados litigantes y al interior del personal de los juzgados pues se cuestiona los términos y la forma en que se hizo la publicación para las oposiciones.
Tal fue el rechazo a la convocatoria y sus términos que los cuestionamientos no se hicieron esperar llegaron a la Legislatura mexiquense, donde el martes pasado en la sesión del pleno se aprobó por mayoría un punto de acuerdo en el que se exhorta al Tribunal Superior de Justicia para que se reponga el procedimiento. Es decir que se anule la convocatoria vigente y se publique una nueva.
De acuerdo con la representante popular Legislatura aprobó en julio pasado el decreto 69 que reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México y que incluye en la convocatoria para nuevos magistrados a juristas con méritos profesionales y académicos reconocidos. La ley establece que el Consejo de la Judicatura se encargará de la selección, a través de la Escuela Judicial, que impartirá el curso de capacitación y practicará el concurso de oposición, que deberá ser público y abierto.
De no hacerse nada, según Cisneros, el Consejo de la Judicatura estaría avalando un curso impartido con antelación a la nueva ley y con ello violando lo establecido en el artículo 5 de la constitución política local.
Tan pronto se supo de la aprobación del punto de acuerdo en el que se hace el exhorto al Consejo de la Judicatura para que haga una nueva convocatoria. En el Tribunal Superior de Justicia se prendieron los focos de alerta.
Y de inmediato se empezó a trabajar en ello de manera muy sigilosa sin aspavientos ni declaraciones y mucho menos comunicados. Todo se empezó tratar con mucha cautela haciendo saber que la convocatoria del 15 de octubre no se ocultó que se hizo pública. Tan pública que se inscribieron 45 aspirantes a las diez plazas de magistrados vacantes.
Empero, y es donde surge la desconfianza en el procedimiento. Que los inscritos son solo personal del poder judicial y de ciertos juzgados y quienes ya tomaron el curso de capacitación para el concurso de oposición previo a la aprobación de la nueva legislación.
Es decir a pesar de que la ley aprobada en julio pasado exige nuevas reglas en la convocatoria para designación de jueces y magistrados a través de concursos de oposición y es abierta tanto para personal del poder judicial así como para académicos y juristas con reconocimiento. Esto no sucedió.
El Presidente del Tribunal y el Consejo de la Judicatura deberán justificar porque sostener la convocatoria cuestionada y que generó suspicacias o bien si deciden reponer el proceso como lo solicito la Legislatura.
Ya veremos. Que haya transparencia y no opacidad.
