“No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo”
-Proverbio inglés
Una de las características del estado constitucional moderno es el de garantizar los derechos humanos. En el Artículo Primero de nuestra Constitución Federal se establece como propósito y finalidad del Estado mexicano garantizar, promover, proteger los derechos humanos, en todos los órdenes de gobierno y por cualquiera de las autoridades o funcionarios en el ámbito de sus competencias.
Sin embargo, esta disposición constitucional tiene no solamente una dimensión jurídica, también implica considerar recursos económicos que vuelvan reales para la población tales derechos. Esta dimensión de carácter práctico tiene que ver con la posibilidad económica del Estado para proteger y garantizar toda una gama de derechos humanos.
Los autores Holmes y Sunstein, quienes son los precursores de la teoría del costo de los derechos, establecen que los derechos y las libertades individuales son garantizados en la medida que el gobierno ejerza acciones firmes que estén encaminadas a materializar esos derechos, sin embargo, estas acciones siempre conllevarán costos económicos.
En el caso del derecho humano al agua, éste se encuentra reconocido en el Artículo 4 de nuestra Constitución: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible...”.
En Nuevo León, nos encontramos ante una grave crisis por la falta de agua. Son diversos los motivos que la han generado:herencias de malos gobiernos, falta de planeación y previsión, crecimiento de la población y el efecto del calentamiento global, son solo algunas de las razones por las que se está generando este estrés hídrico. Esta situación implica replantearse acciones que se hagan de manera colectiva para establecer soluciones a mediano y largo plazo.
Al respecto, el gobierno de Nuevo León ha emprendido una seria de acciones para contrarrestar la escasez del vital líquido: identificación de nuevos pozos, denuncias por el desvío ilegal del agua, construcción del acueducto El Cuchillo II, construcción para terminar la presa Libertad, bombardeo de nubes, atención a fugas, bombeo, campañas para el ahorro de agua, entre otras.
Tan solo para la construcción del acueducto El Cuchillo II se destinarán aproximadamente 15 mil 700 millones de pesos, y el costo de la presa Libertad será de 11 mil 120 millones, además de lo que se ha invertido en la búsqueda de nuevos pozos, si consideramos que cada nueva perforación de pozo profundo oscila entre los 22 millones de pesos, según los informes de Conagua y del titular de Agua y Drenaje de Monterrey.
Es pues necesario dimensionar que el derecho humano del acceso al agua implica un costo económico de carácter colectivo que implica una responsabilidad no solo por parte del Estado para garantizar este derecho, sino también para cada uno de las y los ciudadanos que nos beneficiamos con este bien natural.
Las acciones y políticas públicas implementadas por el actual gobierno están encaminadas a borrar esa línea de hostilidad imaginaria que tenemos entre la libertad individual y el Estado; éste es un momento en que ciudadanía y gobierno trabajemos juntos para buscar soluciones cumpliendo cabalmente con las responsabilidades que cada ciudadano tenemos.
Eduardo Gaona (*)
(*) Coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Nuevo León.
