Que la diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano, espera que los cambios y nuevas incorporaciones en el área jurídica del Congreso local sirvan para destrabar las numerosas iniciativas que quedaron sin dictaminar durante el periodo anterior, rezago que atribuyó a la falta de gestión y seguimiento. Pidió acelerar la revisión de las propuestas para que el próximo periodo ordinario no comience, como suele ocurrir, con muchas iniciativas en la congeladora y pocas reformas listas para votarse.
Que la senadora del PT, Liz Sánchez, busca impulsar una iniciativa para regular las redes sociales, las plataformas digitales y la inteligencia artificial, sobre todo ante riesgos para los menores, como ciberacoso, fraudes, violencia digital y contenidos nocivos. La poblana también respaldó poner límites al uso de teléfonos celulares durante el horario escolar, con la precisión de que no se busca restringir la libertad de expresión, sino evitar que la tecnología, pensada como herramienta de aprendizaje, termine convertida en la principal distracción dentro de las aulas.
Que en la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad de Puebla, ubicada en Amozoc, decenas de cadetes y trabajadores presentaron vómito, diarrea, náuseas, mareos y fiebre tras consumir alimentos en el comedor institucional. Aunque las autoridades aseguran que todos recibieron atención médica y seguimiento, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ya investiga el caso junto con Salud y otras instancias para conocer el origen del incidente y sobre todo, determinar si alguien incumplió los controles sanitarios.
Que Luis Sigfredo Ortega, sentenciado a siete años y nueve meses de prisión por fraude genérico, en un caso relacionado con el grupo financiero Actinver, murió por complicaciones del cáncer en una vivienda de la colonia Gabriel Pastor, donde cumplía su condena bajo arresto domiciliario, con vigilancia y brazalete electrónico. El proceso se remontaba a 2014, fue detenido en 2018 y recibió sentencia en 2022; debido a que permanecía sujeto a control judicial, la FGE realizó el levantamiento del cuerpo conforme al protocolo.
