Que a la investigación contra Diana Alejandra P., señalada por presuntamente operar sin acreditaciones y por la desaparición y muerte de Beatriz Adriana V., se suma una nueva acusación por el uso de imagen y contenido ajeno para construir una apariencia de profesionalismo. La cirujana plástica peruana Liliana Príncipe Arnáez salió públicamente a deslindarse de la llamada Detox Clínica y aseguró que videos donde aparecen algunos de sus procedimientos fueron utilizados sin autorización para promocionar servicios en Puebla.
Que en el Congreso local se propone castigar a quienes, frente a una emergencia, decidan primero sacar el celular que extender la mano. La propuesta plantea sancionar a quien prefiera grabar, transmitir o difundir imágenes de una persona herida o en peligro antes de pedir ayuda o auxiliarla. Esto generó opiniones divididas entre quienes hablan de libertad de informar y quienes exigen tener sentido común. Las multas irían de los 5 mil y hasta los 12 mil pesos y aplicaría particularmente cuando se omita auxiliar a menores o lesionados.
Que en el Partido Verde, su dirigente estatal, Jaime Natale, anunció que enviarán a la Fiscalía la lista de aspirantes para revisar antecedentes y carpetas de investigación, incluidos alcaldes que pretendan reelegirse en 2027. Lo anterior podría leerse como un reconocimiento de que la política se volvió terreno vulnerable para la infiltración del crimen. Ahora, además de levantar la mano, caminar territorio y juntar estructura, los suspirantes verdes tendrán que pasar por el filtro penal antes de soñar con aparecer en la boleta.
Que el encuentro entre las selecciones de México y Ghana en el estadio Cuauhtémoc terminó siendo algo más que futbol y ambiente de selección. También funcionó como una prueba de resistencia para el gobierno estatal sobre el control del estacionamiento y los cobros irregulares en la zona. Desde el mediodía comenzaron reportes de espacios que se ofrecían hasta en 350 pesos, sin embargo, esta vez hubo presencia e intervención de la Policía Estatal para contener los cobros condicionados y reducir los abusos.
