Política

Trascendió Puebla

Que la Comisión de Derechos Humanos volvió a mover sus piezas internas y ya suma el cuarto cambio en Comunicación Social. Por esa oficina pasaron: Patricia Rocabado, Gerardo Moctezuma y Pedro Quiroz, quienes no lograron permanecer ni seis meses, entre señalamientos de malos tratos y omisiones atribuidas a su presidenta, Isela Sánchez. Ahora, Magaly Herrera entra al quite. Llega bien recomendada y con la encomienda de enderezar las cosas y borrar la percepción de que la ombudswoman ha sido más vista en eventos sociales que en la defensa contundente de las garantías individuales.

Que el proyecto del vehículo eléctrico Olinia comenzó a aterrizar en términos industriales, pero no precisamente como algunos imaginaban en el estado. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la marca no contará con una planta armadora propia, ya que el modelo de producción será mediante asociación con alguna empresa automotriz ya establecida. Con ello, prácticamente se descarta la posibilidad de que el automóvil sea ensamblado dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Puebla, como llegó a especularse.

Que en la Feria de Puebla ya encontraron el modo de frenar a los “colados VIP”. El coordinador del evento, Juan Carlos Moreno Valle, confirmó que las pulseras para ingresar a los conciertos quedaron eliminadas luego de detectarse su clonación masiva. Desde la presentación de Calvin Harris, el acceso se realiza únicamente mediante boletos. Donde más se han detectado falsificaciones es en las acreditaciones de expositores, invitados y prensa. Es así como la organización optó por cerrar la llave a los piratas.

Que ya son 103 municipios los que firmaron el convenio para que sea la administración estatal la encargada de recaudar el impuesto predial, incluida la capital poblana. La apuesta, dicen, está en que el esquema permita mejorar la captación y de paso, abrir la puerta a beneficios fiscales para las alcaldías adheridas. Esto echa por la borda el argumento de que centralizar el proceso significa darle al gobierno estatal mayor control financiero y administrativo sobre los ayuntamientos.


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