QUE el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, promovió un recurso de juicio político contra su antecesor, Graco Ramírez, por retener la ministración de recursos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y a la Fiscalía General de la entidad. El ex goleador cuenta con respaldo de los legisladores locales de Morena y aval desde Palacio Nacional para poner en el banquillo al perredista, con quien El Cuau tiene cuentas pendientes desde que era alcalde de Cuernavaca.
QUE aunque el abogado Enrique Carpizo decía que no iba a cobrar a los policías que asesoró en su exigencia de indemnización, sí recibió unos 11 millones de pesos, ya que obtuvo 15 por ciento de cada federal liquidado, comentan uniformados que participaron en este episodio.
El licenciado se las arregló para que se expidieran dos cheques por cada elemento, uno por 15 por ciento del total de su liquidación y otro por el resto, solicitó que se los endosaran y los guardaba en una mochilita para después depositarlos en una sucursal bancaria dentro de las instalaciones de la Policía Federal Vallejo. ¡Qué pro bono ni qué nada!
QUE la Ley General de Seguridad Privada fue aprobada en el Senado en abril de 2018 y desde entonces está a la espera de su análisis y discusión en la Cámara de Diputados, que preside la panista Laura Rojas, por lo que el coordinador de las Asociaciones de Seguridad Unidas por México, Armando Zúñiga Salinas, llamó con carácter de urgente a entrarle al tema para que se cuente con un contexto jurídico robusto. Hoy existen unas 6 mil compañías de seguridad privada, pero solo 3 mil 640 están acreditadas, por lo que el resto opera sin registro ni personal calificado, en un sector que emplea a 600 mil personas y aporta 2 por ciento del PIB.
