Que la UNAM inicia hoy una semana clave para enderezar el proceso de admisión a licenciatura, luego de que la Comisión Técnica concluyera la revisión de las irregularidades detectadas en el examen en línea; sin embargo, el tiempo se le agota, pues por ahora mantiene el periodo oficial de inscripción del 3 al 7 de agosto y el inicio del ciclo escolar para el próximo día 10, aunque antes debe emitir la convocatoria de la llamada prueba de control presencial, aplicarla y dar a conocer una nueva lista de alumnos seleccionados. No hay duda de que es el mayor reto de la máxima casa de estudios en años y, por supuesto, del rector Leonardo Lomelí.
Que aunque la mesa formal con la CNTE está programada para el 13 de agosto, en Palacio Nacional ya comenzaron a hacer cuentas para evitar que el encuentro arranque con el pie izquierdo, lo cual quiere decir que esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la SEP, Mario Delgado, y el del Issste, Martí Batres, tendrán que sacar la calculadora para sopesar hasta dónde se puede estirar el presupuesto y qué tanto margen político tendrá el gobierno para responder a exigencias del magisterio disidente en cuanto a pensiones y aumentos salariales.
Que MC, que encabeza Jorge Álvarez Máynez, hizo algunos movimientos en el tablero político, ahora en el Bajío, donde su apuesta es clara: desplazar a Morena como tercera fuerza política en Querétaro y consolidarse como la principal alternativa al PAN. La encargada de operar esta estrategia será la diputada federal Laura Ballesteros, nombrada coordinadora estatal y cuya misión será fortalecer la organización ciudadana, territorial y política de dicha entidad. ¿Será?
Que la Suprema Corte inicia este lunes su segundo periodo ordinario de sesiones del presente año, por lo que los reflectores estarán puestos en el mensaje que dé su presidente, Hugo Aguilar Ortiz. Aunque la ocasión permita hacer un corte de caja en cuanto a logros y retos de la justicia en México, lo más apremiante sigue siendo la fecha en que se discutirá el tema de la prisión preventiva oficiosa, avalada por este gobierno y desaconsejada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
