Que el gobierno de México pidió al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, información sobre la aeronave en la que fue trasladado el cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada, en julio de 2024, actualmente exhibida en el Museo del Aire War Eagles de Santa Teresa, en Nuevo México, como trofeo del Buró Federal de Investigaciones. El diplomático estadunidense, se dice, solicitó a su vez la información correspondiente… pero ya pasaron dos años. Por lo demás, la Presidenta hizo énfasis ayer en que “todo parece indicar” que el entonces titular de la legación de Washington aquí, Ken Salazar, mintió.
Que pese a los pronósticos, el consejero electoral Jorge Montaño hizo la tarea… pero luego aplicó la clásica de “es que me falló el internet” y no llegó ni a la presentación. En mesa privada con sus compañeros, se frustró el debate sobre la actualización de su propuesta para regular las candidaturas anticipadas de 2027, después de dejarla en suspenso desde mayo porque a sus pares les cayó de sorpresa y de plano ni la conocían. Eso sí, su bloque insiste en que el descafeinado plan alterno puede terminar no tan desabrido. A ver.
Que el senador morenista Gerardo Fernández Noroña anunció que impugnará la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán que lo declaró responsable de violencia política en razón de género contra la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, ya que “busca estigmatizarlo” y afectar sus aspiraciones para presidir de nuevo la Mesa Directiva del Senado.
Ándele pues.
Que si bien el plazo para expedir el reglamento de la nueva Ley General de Aguas venció el pasado 10 de junio, el titular de la Conagua, Efraín Morales, informó a diputados que sigue en consultas con grupos y sectores, con el propósito de afinar los últimos detalles y publicar ya en los próximos días el documento, en congruencia con el mandato de ordenar las concesiones, poner fin al mercado negro y garantizar el acceso al recurso como derecho humano y no como mercancía.
