Que la estrategia de que Joaquín Guzmán López hablara en inglés durante su audiencia en una corte de Chicago fue diseñada por su abogado, Jeffrey Lichtman, y tuvo como objetivo congraciar a su cliente con la autoridad que eventualmente lo sentenciará. Parece que el plan funcionó, pues la jueza Sharon Johnson Coleman se mostró amable y hasta amigable con el hijo de El Chapo Guzmán al momento de declararse culpable, bromeando incluso con que se veía más joven de lo que pensaba. ¿Será que se valen piropos en la impartición de justicia?
Que aun cuando el gobierno federal y la bancada de Morena en la Cámara de Diputados cedieron a gran parte de exigencias de las organizaciones campesinas y admitieron 50 cambios a la iniciativa de Ley de Aguas para convencer a los inconformes, no fue suficiente, pues continúa el amago de reactivar los bloqueos en carreteras por parte del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, encabezado por Eraclio Rodríguez, quien ayer volvió a las negociaciones con legisladores para insistir en que acepten todas sus propuestas, pues los productores solo esperan una señal para movilizarse.
Que en Morena insisten en que la violencia generada durante la marcha de la Generación Z fue financiada y orquestada por el PAN con recursos públicos, así que ya fue a tocar la puerta del INE para pedir una auditoría a los contratos de ese partido. Eso sí, se trata de una larga lista en la que se mezclan faltas, reclamos y presuntos ilícitos para ver cuál pega; por ejemplo, se alude a la “violación a la autenticidad del sufragio” como si estuviéramos en medio de una elección, además de otros alegatos de esa naturaleza.
Que esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza Hugo Aguilar Ortiz, abordará un tema que prenderá el debate en las próximas semanas: el bloqueo de cuentas bancarias, un proceso para el cual es necesario habitualmente una solicitud expresa de cooperación internacional. Sin embargo, el proyecto que analizarán los ministros propone que dicha petición no sea necesaria para que la Unidad de Inteligencia Financiera ponga manos a la obra en sus investigaciones. Veremos qué dice el máximo tribunal.
