Que en la sesión plenaria de Movimiento Ciudadano ayer en Monterrey, la dirigencia estatal dejó en claro que Luis Donaldo Colosio Riojas sigue vivo en dos frentes. La explicación es que el senador y expresidente municipal de Monterrey no les ha confirmado si va por la gubernatura de Sonora o de Nuevo León, pese a que él mismo reconoció que ya tiene una decisión tomada. Al menos los naranjas tienen la tranquilidad de que tiradores a la responsabilidad no les faltan. Se acercan los tiempos.
Que hablando justamente de ello, Mariana Rodríguez ya dejó en claro que para diciembre tomará una decisión sobre su futuro político. El plazo no es aleatorio: coincide con el arranque de los procesos internos oficiales y el cierre de las alianzas, cuando en teoría todas las piezas se acomodarán para la elección del 2027. Por eso tiene mucha lógica cuando la titular de Amar a Nuevo León afirma que “hay muchas cartas en elección aire que no se han terminado de cerrar”. ¿Tendrá la mano ganadora?
Que mientras Movimiento Ciudadano sigue en sus tiempos de definición, el gobernador Samuel García juega peligrosamente en el límite de lo permitido y lo denunciable. Ayer soltó a mujeres beneficiarias de un programa de apoyo la pregunta: “¿Van a querer regresar al pasado o futuro, lo que estaba antes o le seguimos? Entonces lo nuevo sí cumple”. Atendiendo que el año electoral ya comenzó, no faltará quién lleve el tema a los tribunales para gritar foul en la contienda. ¿Riesgo calculado?
Que por fortuna el Periódico Oficial del Estado no incluye fotografía de quién publica los acuerdos y decretos, porque de hacerlo, seguramente saldría una imagen muy sonriente de Ulises Carlin de la Fuente. El encargado del Despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, que ha sido denunciado penalmente por la retención de recursos e impuestos vehiculares, publicó ayer la distribución que le corresponde a los municipios, incluidos rubros que están en disputa. Según el Estado, la dispersión supera los 20 mil millones de pesos en el año y representa un incremento del 4.5 por ciento. A ver qué le responden los alcaldes.
