Que ayer el alcalde Adrián de la Garza hizo la entrega de tres patrullas, hecho que no tendría nada de extraordinario, más que por un pequeño detalle.
Resulta que las unidades fueron entregadas por el gobierno de la capital a los municipios de Allende, Montemorelos y Hualahuises, bajo el argumento de que hubo una solicitud expresa de cada alcalde.
Y para blindar más la justificación, Monterrey señaló que la seguridad de otros municipios también es estratégica para la Zona Metropolitana, por el tránsito de un lugar a otro. Movida política.
Que con los índices de homicidios dolosos en franca mejoría si se compara con años anteriores, las autoridades en materia de seguridad enfrentan nuevos retos.
El semáforo delictivo del mes de abril, que se reveló este fin de semana, muestra que el único rubro donde casi todos están en color rojo es el robo a persona, del cual solo se salvan San Pedro y Santiago.
También habrá que poner atención en la violencia familiar y violación, que aparecen en color amarillo a nivel estatal. Habrá que reforzar la estrategia.
Que en un evento oficial, ayer el Gobierno del Estado reveló que el monorriel de las líneas 4 y 6 comenzará con recorridos de “familiarización y demostración”, echando por tierra aquella promesa de que estaría listo para el mundial.
El propio director de Metrorrey, Abraham Vargas, sostuvo que el servicio para el público en general estará listo hasta agosto o septiembre, cuando ya finalmente se transportarán pasajeros “de manera más intensiva”.
Para esas fechas, el tramo que operará es el anunciado de manera previa, que va desde la zona de La Fe, en San Nicolás, hasta el Parque Fundidora.
Que ayer cayeron dos presuntos implicados más del caso Tamayo Capital, un fraude que afectó a cientos de regiomontanos con cifras millonarias.
Tras la captura de Alejandro N. en Querétaro, ahora la Fiscalía General de Justicia dio a conocer que dos cómplices del dueño de la compañía de inversión inmobiliaria, identificados como Dimarys y Mario, fueron aprehendidos en Apodaca.
Poco a poco empieza la justicia a proceder en este y otros casos, en los que familias reclaman el pago de daños y que el delito no quede impune.
