Que por los rumbos de Palacio de Cristal anda una versión de posibles cambios y enroques en la administración de Adrián de la Garza Santos. El run run es que César Garza dejaría la Secretaría del Ayuntamiento para asumir la dirigencia del PRI en Nuevo León, con el fin de subirle al tono a las críticas contra el Gobierno del Estado. Como número dos en Monterrey quedaría Rafael Ramos, actual secretario de Desarrollo Humano, y esa vacante dicen que podría ocuparla Lorena de la Garza, actual diputada del PRI. A ver si se confirma.
Que hablando de Monterrey ya quedó aprobado el famoso plan B de la reforma electoral, ese que limita la cantidad de regidores en los municipios y que a la capital del estado se los recortará casi a la mitad. Ahora el tema pasó a los Congresos locales para que den su aval, lo cual fue pan comido, porque Morena y aliados tienen el control suficiente en los legislativos estatales para llegar a la cifra necesaria de 17 para la validación constitucional. Aquí lo interesante será la postura que tomen los integrantes del Congreso de Nuevo León, que el lunes regresan de sus vacaciones. ¿Irán a contracorriente o simplemente votarán a favor de lo inevitable? Vaya dilema.
Que luego de que el fiscal Javier Flores asegurara que no tenía queja alguna, ayer finalmente la Fiscalía General de Justicia recibió la denuncia formal por los casos de extorsión que alertó la Secretaría de Finanzas. El modus operandi son mensajes de WhatsApp desde un número con la fotografía de Ulises Carlin, encargado del Despacho de la dependencia, en el que se pide el RFC del municipio, el INE de funcionarios y realizar una aportación económica a la Secretaría de Finanzas. Con esto se prometía liberar recursos pendientes y, según advirtieron, todo esto fue presentado en la querella para que se realicen las investigaciones correspondientes.
Que ayer la Suprema Corte de Justicia subió una publicación a su cuenta de Instagram con la provocadora pregunta: “¿Te imaginas que quien te juzga también revise su propia sentencia?”. El trancazo fue directo para Nuevo León, pues tuvieron que enmendar la plana de la Ley de Responsabilidades Administrativas que permitía tal atropello, mismo que fue invalidado por los ministros.
