Que el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, ya amarró una posición de peso nacional: a partir de 2026 presidirá la Asociación de Ciudades Capitales de México. El movimiento no es menor; colocar a Saltillo al frente de la organización significa entrar al círculo donde se discuten –y se deciden– proyectos estratégicos para el desarrollo urbano en todo el país.
Que en corrillos políticos llamó la atención que el nombramiento no vino por negociación, sino a invitación directa de alcaldes y alcaldesas de todas las regiones, quienes vieron en Díaz González un perfil de operación y resultados. Algo está leyendo bien el resto del país en lo que ocurre en la capital coahuilense.
Que en la política local ya interpretaron este movimiento como un nuevo activo para el alcalde, que lo coloca con relaciones nacionales y proyección de largo alcance. Algunos lo leen como un trampolín. Otros, como una señal de que 2026 tendrá más movimientos de los que se imaginan.
Que en lugar de distraerse en polémicas y chismes baratos, el diputado federal saltillense Jericó Abramo Masso se ha dedicado a la labor fundamental de un legislador: legislar. El pleno de la Cámara Baja le aprobó por unanimidad una nueva iniciativa que presentó hace un año, tendiente a impulsar la inclusión en el desarrollo rural a personas con discapacidad. El priista consideró que en el país hay 20 millones de personas con una limitación y 8 millones con una discapacidad, de tal manera que se pretende que sean tomados en cuenta en acciones y apoyos al sector rural con base en las modificaciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable planteadas.
Que el tesorero de la Universidad Autónoma de Coahuila, Evaristo Alférez, quien presentó en Monclova, ante el Consejo Genera, el presupuesto a ejercer en 2026, no logró “planchar” o convencer entre los consejeros las “bondades” de los recursos de que dispondrán el año entrante, de acuerdo con reuniones que presidió en las unidades regionales. Y es que la Federación les autorizó la irrisoria suma de 85 millones de pesos, mientras que la Universidad arrastra un déficit de 650 millones en materia de pago de pensiones y jubilaciones. Hay trabajadores que se jubilaron hace dos años y no han recibido su pago; es lo que, por lo menos en la Unidad Laguna, le reclamaron al encargado de las finanzas universitarias en asamblea de la semana. El mismo rector, Octavio Pimentel, ha reconocido que la falta de recursos federales afectará a los planteles y a los estudiantes, al limitar la inversión en infraestructura y calidad educativa. Con ese negro panorama, la UAdeC no podrá recuperar los lugares perdidos en calidad respecto a otras casas de estudio.
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