Que tras el desencuentro entre personal de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, para reclamar el pago pendiente de 300 millones de pesos, el mandatario saliente estalló y le recordó a la institución educativa que en su mandato se concretó la autonomía de la universidad, luego que es la única autoridad estatal que ha incrementado el subsidio que reciben. Aispuro perdió la paciencia en la rueda de prensa que brindó ayer, tras la manifestación de la comunidad universitaria por el retraso en los pagos. La crisis permanece, pero aparentemente Aispuro ha tenido diálogos con el rector de la UJED Rubén Solís para llegar a un acuerdo. Lo que se teme es que herede “la papa caliente” a su sucesor Esteban Villegas.
Que recién desempacado de Ciudad Victoria, Tamaulipas el hermano Roberto López llega a la Comarca Lagunera para encabezar la rectoría de la Universidad La Salle de La Laguna (ULSA), con amplia experiencia en la administración de la educación privada, contador público de profesión, pero lasallista de vocación religiosa, López asegura que tiene todo el interés de establecer lazos profundos con esta región, para que los jóvenes puedan acceder a carreras profesionales, que no respondan a “modas”, si no a las necesidades reales del mercado laboral, pero también a la formación ciudadana y de valores. Por cierto, López se mantuvo activo en el terreno social en Ciudad Victoria al formar parte de la Mesa de Seguridad.
Que el gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís consideró positivo que se vayan a deslindar responsabilidades en el caso de la tragedia ocurrida hace poco más de un mes, en el “pocito” carbonero de más de 60 metros de profundidad conocido como “El Pinabete” allá en la Región Carbonífera y donde tras una inundación y derrumbe, quedaron atrapados 10 trabajadores.
Que lo anterior a propósito de la liberación de tres órdenes de aprehensión, por parte de la Fiscalía General de la República contra igual número de personas. Llamó la atención a la necesidad de saber no sólo quien la explotaba sino el dueño de la concesión y a quien le vendían el carbón. Pero lo de mayor importancia es que se ponga alto al coyotaje, que se realice una supervisión constante de las condiciones de seguridad en que operan estos sitios de extracción del mineral y eso por ley antes de otorgar los contratos, lo debe hacer la CFE de Manuel Bartlett quien hasta ayer hizo acto de presencia en el lugar de los hechos.
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