Que el Congreso mexiquense le cumplió a Claudia y por mayoría de votos avaló las reformas a la Constitución federal para, a través del llamado Plan B, reducir privilegios, prebendas y potenciales casos de corrupción de la alta burocracia. Con esto, a pesar de expresiones contrarias de algunos diputados, la Legislatura mexiquense coloca a la entidad entre las primeras en dar el visto bueno a la modificación.
Antes fueron los de Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí y Yucatán, y otras que en el transcurso de ayer hicieron lo propio para que la reforma sea válida.
Que más de uno debería poner barbas a remojar en caso de confirmarse la versión de que una detención ayer por parte de la Fiscalía de Justicia estatal en Cacalomacán, municipio de Toluca, podría relacionarse con la supuesta “venta” de plazas magisteriales. De ser así, la captura de Diego “N” estaría vinculada a una investigación por presuntas irregularidades en Educación estatal, ahora que han estado muy en boga los señalamientos de un número infame de “aviadores”, y de que dentro de la propia dependencia, donde ya se han nombrado relevos, se habla de bandos en grave pugna. A ver.
Que estaría interesante una respuesta de instancias mexiquenses, como la Secretaría del Medio Ambiente y la del Campo, a la denuncia ante Conagua de habitantes de Tlahuapan, municipio de Puebla, porque dicen que sus manantiales se están contaminando por actividades agropecuarias originadas en el Estado de México. Ya se ha detectado, aseguran, contaminación desde ranchos aledaños al Parque Izta-Popo, en Amecameca e Ixtapaluca.
Que gran muestra de sensibilidad fue la instalación de la primera mesa de trabajo para atender a víctimas de violencia feminicida, acto que encabezó el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares. Subrayan que el delito, por cierto, ha ido a la baja en el último año y ahora han armado una Estrategia Interinstitucional para la Prevención, Atención y Acceso a la Justicia para las Víctimas de Violencia Feminicida y Feminicidio, en la que participan autoridades de la Fiscalía, el Poder Judicial y organismos autónomos.
