Que llamó la atención la reciente declaración de la presidenta de la Asociación de Grúas del Valle de Toluca, Ogla León Rivera, acerca de que hay hasta 15 prestadores de servicios “pirata”, no concesionados, que operan con una o dos grúas y muchas veces pertenecen a dueños de talleres mecánicos o particulares que ofrecen apoyo en carreteras. Esto, afirma, les genera competencia desleal porque cobran más barato, incluso la mitad.
Y llama la atención precisamente porque, en lugar de reconsiderar sus tarifas –del dominio público que no son nada económicas- la líder gremial pareciera pretender que la Secretaría de Movilidad los apapache actuando contra quienes hacen un arrastre por su cuenta. Lo cual, viéndolo bien, no sería imposible, pues desde la titularidad pasada en Semov tienen entre algodones a las empresas concesionarias a pesar de que juraron y perjuraron que por fin iban a meterles control ante los abusos. ¿Qué opinará don Juan Hugo?
Que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, expresó que en la entidad la justicia debe darse desde el reconocimiento de la diversidad cultural y propuso avanzar hacia un modelo que establezca un tribunal donde las propias comunidades resuelvan sus conflictos con base en sus usos y costumbres, respaldados por el marco constitucional y que la justicia formal sea el último recurso. Un paso hacia un auténtico rescate de las asambleas comunitarias, eje de los sistemas jurídicos indígenas.
Que hace apenas unos días el colega Carlos Hernández Zarza rindió protesta como presidente de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia para el período 2026-2028. Esta vertiente, “en los últimos años ha ocupado un espacio importante en medios frente a fenómenos como las pandemias, pero también participa ampliamente en la lucha para contrarrestar la desinformación”, señaló durante el evento.
Estará junto a Ginarely Valencia Alcántara, en la talentosa dupla como vicepresidenta. Ella destacó que el periodismo está “atravesado” por la defensa de varios derechos humanos, entre ellos el derecho a entender, parte de un antídoto contra la infodemia y desinformación.
