Que la Fiscalía estatal está con el acelerador a fondo en el caso contra los falsos policías que, en toda una red, se la pasaban extorsionando a conductores de vehículos particulares y transportistas en las carreteras México-Pachuca, México-Querétaro y el Arco Norte, principalmente. Las investigaciones llevaron no solo a la captura de 44 sujetos involucrados, sino que, averiguando de dónde sacaban los uniformes clonados con los que cometían sus tropelías, hicieron un hallazgo de escándalo: la fábrica central.
Resulta que el asunto estaba a gran escala, pues en ese lugar, en Ecatepec, armaban paquetes con uniformes falsos y equipo táctico de la Defensa, Marina y Fiscalía que luego enviaban a estados como Jalisco y Oaxaca, a veces hasta por paquetería. Las autoridades siguen indagando si uno de los destinatarios era el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Que hallaron de todo en esa madriguera en Santa María Chiconautla, incluso cascos y escudos antimotines, chalecos con placas balísticas, granadas de mano y diversos tanques aparentemente con algún tipo de combustible, armas y narcóticos. En el interior del inmueble había, por cierto, dos altares a la “Santa Muerte”, uno con figuras del tamaño de una persona y otro con más pequeñas imágenes.
Que en otros temas, estos del Congreso local, las propuestas llegan por varios flancos y en el caso del grupo parlamentario de Acción Nacional han puesto sobre la mesa hacer reformas para prohibir la maternidad subrogada, esa vertiente conocida como “vientres de alquiler”, y castigarla con hasta 18 años de prisión, además de considerar la explotación reproductiva como un tipo de violencia de género porque, explican, implica cosificación y mercantilización del cuerpo femenino.
Que por su parte, la bancada del PRI pidió reformar la Ley de Vivienda para garantizar que los grupos indígenas tengan prioridad en los programas de dotación y acceso a una casa habitación, y proponen un exhorto para que se homologuen los catálogos de comunidades indígenas a nivel nacional y estatal, pues aseguran que no coinciden en número y listado y esto limita sus posibilidades de acceder a apoyos sociales.
