Que en el Congreso de Hidalgo siguen vivos dos juicios políticos: uno contra el alcalde de Epazoyucan, Carlos Montaño Rodríguez, y otro contra funcionarios de Tetepango de la administración 2020-2024, expedientes que no avanzan a la vista pública, pero tampoco se archivan del todo, aunque poco se sabe del avance en ambos casos pues los diputados locales acordaron llevar las investigaciones en secrecía, como marca la ley, aunque para muchos eso suene más a cortina que a procedimiento.
Que no deja de llamar la atención que el Congreso que más juicios políticos acumuló en el país haya sido el de Hidalgo durante la Legislatura pasada, con al menos 19 solicitudes registradas, según datos del Inegi, una cifra que habla de alcaldes inquietos y de ciudadanos cada vez más dispuestos a denunciar. En aquella lista desfilaron ex alcaldes de medio estado, dejando claro que los juicios políticos abundan en el papel, pero escasean cuando se trata de resoluciones visibles, aunque en el caso de Epazoyucan parece ser que sí procederían según cuentan.
Que en San Felipe Orizatlán la Policía Municipal quedó bajo la lupa, luego de que la Procuraduría de Justicia abrió una carpeta de investigación por presunto abuso de autoridad, una historia que comenzó en el mercado y terminó en el escritorio del Ministerio Público. La denuncia fue presentada por una comerciante, Elisa A. C., quien acusó que el pasado 7 de enero fue agredida físicamente por elementos municipales, señalando que la intervención policial dejó lesiones y más preguntas que explicaciones.
Que el Cereso de Pachuca volvió a ser escenario de un operativo que dejó al descubierto lo que muchos sospechaban, con más de 50 celulares asegurados, tarjetas SIM por decenas y hasta memorias USB, confirmando que para algunos internos la reclusión no significaba desconexión. La revisión, realizada con apoyo federal, apuntó directo a cortar las líneas desde donde se habrían cometido extorsiones y otros delitos de alto impacto, porque cuando el crimen llama desde prisión, alguien afuera siempre termina pagando la llamada.
