Que Edna Montoya, titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, estaba citada esta mañana ante el Congreso de Jalisco para responder a los cuestionamientos de la oposición sobre uno de los problemas más graves de la entidad: el modelo de contabilización de casos de desaparición, que enfrenta señalamientos. Notificó que no podía acudir y no expuso razones formales. Ante ello, se adelantó la comparecencia del fiscal Salvador González de los Santos; la de Montoya queda pendiente. Por ahora quedan pendientes las preguntas en un tema donde cada cifra es una familia, pero la ausencia, sin explicación formal, no cancela la rendición de cuentas: la pospone.
Que en Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía se queda con la silla de la presidencia municipal, sí, pero sin Cabildo: el síndico y cuatro regidores rompieron con él y se declararon fracción edilicia independiente con el argumento de defender el interés público y cuidar las finanzas. Traducción sencilla: ya no respaldan al alcalde. Lo inédito es que le sacaron al jurídico y la nueva bancada la coordina Víctor Manuel Bernal Vargas. El documento de notificación formal entró el 11 de noviembre a la Secretaría General. Munguía dice que respeta la pluralidad; en corto: “me dejaron colgado de la brocha”. Firman Sánchez Peña, Bernal Vargas, Bravo Carbajal, Bañuelos Macías y Urbina Martínez: cinco firmas, un mismo mensaje. Gobernar no es mandar: en Puerto Vallarta, el Partido Verde ya no es esperanza, es ausencia. Es ruptura clara. Sin disimulo.
Que la comparecencia de Rafael Álvarez Ayala, El R2, desde terapia intensiva y de manera remota es, cuando menos, inédita en la memoria reciente de Jalisco. No se recuerda un caso en el que un imputado de este perfil siga el inicio de su proceso judicial desde un hospital, custodiado por la Marina, con personal de la FEMDO llevando equipo tecnológico para la conexión y con un despliegue que obligó a trasladar a 20 personas a Puente Grande. La imagen es potente: el mero mero no está en la sala, pero el Estado tuvo que montar una sala para él. Y ahí está el punto fino: el Ministerio Público parece haber cuidado cada pieza del proceso ante el juez de control para que no se les caiga el caso.
