Que después del anuncio de una inversión de 24 mil 700 millones de pesos en obras para el abasto de agua de la ZMG, queda una pregunta pendiente: ¿Quién se hará cargo de revisar el gasto? Porque cualquiera en su sano juicio, y hoy más que nunca, sabe que cada peso del ejercicio deberá reposar sobre una caja de cristal frente a los ciudadanos de todo el país. ¿Por qué? Porque se trata de un proyecto conjunto entre la Federación, que aportará 14 mil 500 millones de pesos, y el Gobierno del Estado, que pondrá los 10 mil 200 restantes. Por eso, los reflectores apuntan a la Secretaría Anticorrupción del Gobierno de México y a la Contraloría de Jalisco, entre las cuales existe desde hace tiempo un acuerdo de coordinación.
Que hay antecedentes que explican esa atención. Las auditorías de la Secretaría a cargo de Raquel Buenrostro han llevado a numerosas detenciones en los casos Birmex y Segalmex. A su vez, la Contraloría encabezada por Teresa Brito Serrano ya llevó a prisión a un extitular de la Comisión Estatal del Agua, Felipe Tito Lugo, tras la denuncia por el desvío de 292 millones de pesos. Con esos antecedentes, y en un contexto donde se ha visto lo fundamental que resulta la actuación de los órganos de control, no habrá que perder de vista cómo actúan ante el principal proyecto de inversión del sexenio estatal.
Que si bien el anuncio ya se había hecho, por fin el gobierno del estado recuperó la Planta Potabilizadora número 4 de Toluquilla. Todo un tema de análisis porque, por un lado, expone la falla de la concesión privada decidida en el gobierno del panista Emilio González Márquez, que sólo cumplió con el 20 por ciento del suministro pactado, afectando directamente a los ciudadanos con tandeos. Por otro, muestra la acción correctiva del gobierno estatal al retomar el control y prometer inversiones para alcanzar los mil litros por segundo. Las lonas de aseguramiento y la ausencia de personal confirman la gravedad del incumplimiento. Es cierto que es un paso necesario para resolver la crisis hídrica en la zona sur, pero el verdadero reto será la ejecución efectiva y transparente de las obras prometidas y no sólo eso, qué sucederá con el incumplimiento de la concesionaria que incumplió el 80 por ciento de sus obras: una prueba para la Contraloría de Jalisco, precisamente encabezada por Teresa Brito.
