Que la proliferación de plantas de gas clandestinas en al menos ocho municipios de Jalisco —Zapotlán, Cihuatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Autlán, Tlaquepaque, Tonalá, Zacoalco de Torres y Zapotiltic— enciende las alarmas, sobre todo por la evidente complacencia de autoridades municipales, estatales y federales. El riesgo se vuelve más apremiante justo cuando la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, encabezada por Andrea González, puso en marcha en agosto la campaña de regularización del sector (PRONAGAS 2026-2030). La pregunta incómoda es si las supervisiones federales llegarán a tiempo a estos puntos críticos, o si la inacción local seguirá siendo la norma mientras las bombas de tiempo crecen a la vista de todos.
Que el desastre de las cableras no es un problema jurídico, es de voluntad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Hugo Aguilar, ya definió competencias y el Congreso de Jalisco, que preside Julio Hurtado, ya analizó el tema, pero las cableras siguen campantes, convirtiendo el cielo de la Zona Metropolitana de Guadalajara en un tendedero clandestino. Mientras funcionarios federales y municipales se enfrascan en una estéril discusión de “¿a quién toca?”, los postes viejos y los cables muertos se caen, provocan cortocircuitos y ponen en riesgo a miles de peatones y automovilistas. La impunidad reina porque no hay sanciones reales. Las empresas saben que, al final, nadie les corta el servicio ni les exige el retiro de lo inservible.
Que la idea que el exrector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, impulsó como subsecretario por fin cuajó en un proyecto formal de la SEP. Sin embargo, lo que en algún momento se perfilaba como una regulación general —incluso para la prepa— terminó acotándose de golpe a los menores de 15 años. Para los estudiantes de prepa el mensaje oficial es: “arréglense con sus maestros”. La Federación se echa para atrás y descarga la responsabilidad en acuerdos locales por plantel, donde la rigurosidad será tan variable como los docentes que la impartan. Eso sí, al menos se reconoce el daño a la salud mental y la distracción.
