Que los graves daños al patrimonio histórico de Guadalajara revelan la acción devastadora de grupos de choque entre la marcha legítima del sábado. Mientras el INAH, a cargo de Alicia García Vázquez en Jalisco, está en puente, fueron expertos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quienes tuvieron que cuantificar urgentemente los destrozos en el Palacio de Gobierno y edificios aledaños. Es que se requiere que la Fiscalía integre formalmente estos delitos al proceso contra los 47 detenidos. De lo contrario, además del patrimonio vandalizado, tendremos otra víctima: la justicia.
Que hasta el momento, ni la policía ni el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Jalisco, Juan Pablo Hernández, se han pronunciado ni ofrecido disculpa alguna por la agresión directa contra periodistas que cubrían los actos vandálicos del sábado por la noche. Entre las víctimas se encuentran los compañeros de esta casa editorial, Dalia Rojas y Gabriel Vigueras, quienes fueron atacados mientras realizaban su labor informativa frente al Palacio de Gobierno, luego de la marcha de la Generación Z. Silencio inadmisible.
Que esta semana vienen las comparecencias más importantes de funcionarios del gobierno de Jalisco en el Congreso local. Mañana será el turno de Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad, y Salvador Zamora, secretario de Gobierno. Veremos si los legisladores de oposición que tanto exigieron este formato de comparecencia durante la glosa acuden a interpelarlos, o si repiten la actuación del viernes de Miguel de la Rosa, coordinador de Morena, que solo apareció al inicio de la visita del de Cultura para después ausentarse. Está a prueba la congruencia: quien exige transparencia debe ejercerla con su presencia.
Que la barbarie no se combate con más barbarie. Que los vecinos hayan identificado a un hombre que atropelló a un adolescente en Tlajomulco que buscaba rematarlo con el vehículo y como el “problemático y drogadicto” de la colonia no justifica el linchamiento; al contrario, evidencia la deuda pendiente del Estado: la ausencia de autoridad, prevención y mecanismos de justicia efectivos.
