Que mañana se cumplen 4 años de que José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, identificado como líder de un grupo delictivo local fue capturado en un operativo llevado a cabo en la comunidad de Franco Tavira en el municipio de Juventino Rosas donde se investigaba a su vez el secuestro de una mujer originaria de Celaya.
En ese entonces se habló que por fin se caminaba en rumbo de conseguir la paz anhelada en el estado pero nada más alejado de la realidad, pues la zona de influencia de este grupo ha mantenido un nivel de violencia elevado que ha cobrado la vida de cientos de personas.
Que en el discurso quedó la recuperación de la comunidad de Santa Rosa de Lima donde este grupo sigue contando con una base social importante, y la emblemática obra del Instituto de Formación de Seguridad Pública del Estado quedó solo en una barda perimetral por cierto fue vandalizada en algunas de sus paredes.
Sume a los homicidios, el robo en carreteras a particulares y transportistas, la extorsión y un sinfín de delitos que han puesto en el mapa a esta zona del estado como una de las más conflictivas y peligrosas del país.
Que no debe perderse de vista que el cambio de administraciones tanto en los municipios como en el gobierno del estado podría traer un reacomodo también de los grupos delincuenciales que operan en la zona según ha advertido el analista en política y seguridad, David Saucedo, ya hemos visto, por ejemplo, el recrudecimiento de ataques en contra de la policía de Celaya.
La verdad es que no puede decirse que a los nuevos presidentes y presidentas municipales, así como la gobernadora electa, Libia García, les dejaron la vara alta, pero sí les heredan un reto de enormes proporciones no cumplido: paz y seguridad para todos. Habrá que decir que la responsabilidad es compartida pues si bien es cierto el homicidio es delito del fuero común, la delincuencia organizada es un delito del fuero federal.
