El equilibrio fiscal es indispensable, pero no puede reducirse a cuadrar cifras de corto plazo. Debe cuidar la deuda, elevar la calidad del gasto y proteger las decisiones de inversión, contratación y producción que sostendrán los ingresos públicos.
México tiene una brecha recaudatoria. Según Revenue Statistics 2025 de la OCDE, en 2024 los ingresos tributarios representaron 18.3 por ciento del PIB, frente a un promedio de 34.1 por ciento entre sus países miembros. Este dato exige actuar, pero no conduce automáticamente a crear impuestos o elevar tasas. Obliga a preguntar quién contribuye, cuánto cuesta cumplir, qué tan amplia es la base, qué recibe la sociedad por cada peso recaudado y cómo se gasta.
La comparación del ISR empresarial es útil. La Ley del Impuesto sobre la Renta establece para las personas morales una tasa de 30 por ciento, mientras la OCDE reportó una tasa corporativa estatutaria promedio de 23.9 por ciento en 2024. México recauda menos como proporción de su economía, aunque grava la utilidad empresarial con una tasa superior al promedio. Cargar más a la misma base puede reducir inversión, desplazar proyectos o favorecer la informalidad, sin garantizar ingresos sostenibles.
El desafío central es la formalidad.
La ENOE del Inegi registró en julio de 2026 a 34.1 millones de personas en ocupación informal, 56.2 por ciento de la población ocupada. Más de la mitad trabaja fuera de la protección social y del cumplimiento fiscal. Para la empresa formal, ello significa competir contra actividades que no absorben los mismos impuestos, cuotas y obligaciones. Nuevas cargas sobre quien ya cumple no corrigen esa desigualdad; pueden volver menos atractiva la entrada a la legalidad.
La evidencia académica confirma esos efectos. Arnold y sus coautores, en The Economic Journal (2011), encontraron que, entre los principales tributos, el impuesto corporativo es el más adverso al crecimiento de largo plazo. Para México, Santiago Levy documentó en Under-Rewarded Efforts (BID, 2018) que políticas fiscales, laborales y sociales mal alineadas generan una asignación ineficiente de recursos, sostienen empresas poco productivas y limitan la expansión de las más productivas. La arquitectura fiscal importa tanto como la recaudación.
Por ello, formalizar no debe ser sinónimo de fiscalizar más. Debe significar acceso a seguridad social, financiamiento, capacitación y mercados. Propongo una transición gradual para micro y pequeñas empresas, con trámites digitales integrados, reglas proporcionales, orientación preventiva y costos decrecientes. El cumplimiento voluntario aumenta cuando las obligaciones son comprensibles, la autoridad distingue el error de la evasión y el contribuyente percibe beneficios concretos por pertenecer al sistema.
También necesitamos estímulos temporales, transparentes y evaluables: deducción inmediata o acelerada de inversión productiva, incentivos a la innovación y digitalización, y apoyos ligados a nuevos empleos formales. No es una práctica excepcional: la OCDE señala que 33 de sus 38 miembros ofrecían alivios fiscales a la investigación y desarrollo en 2022. El objetivo no es repartir privilegios, sino premiar decisiones que eleven productividad, salarios y recaudación futura, con metas y plazos definidos.
La disciplina debe comenzar por el gasto. Antes de exigir más a los contribuyentes, debemos evaluar programas, eliminar duplicidades, transparentar contrataciones y priorizar infraestructura con rentabilidad social. Cada peso público debe tener un propósito medible. A la vez, la autoridad debe combatir con firmeza la evasión, el contrabando y las operaciones simuladas, respetando el debido proceso, agilizando devoluciones legítimas y brindando certeza jurídica. La confianza también es un activo fiscal y un valor social.
Responsabilidad fiscal, sí, pero sin nuevos impuestos ni mayores cargas para quienes ya cumplen. El gobierno debe cuidar el balance; las empresas, invertir, innovar y cumplir; y la sociedad, exigir resultados. El Congreso puede convertir el Paquete Económico 2027 en un acuerdo nacional: gastar mejor, ampliar la base, facilitar la formalidad y dar certidumbre. Un Estado responsable no elige entre recaudar y crecer; construye las condiciones para que el crecimiento ensanche de forma justa y duradera la capacidad de recaudar.
