No es novedoso pero sí de suma gravedad: la Auditoría Superior de la Federación recientemente informó que al revisar un reducido número de expedientes del gasto público de un ejercicio anual del gobierno federal y de entidades del país no encontró justificados 165 mil millones de pesos (100 mil del primero y 65 mil de las segundas).
Se trata de “observaciones” que por sí mismas no implican necesariamente que hubo robos y desfalcos, pero algo se hizo mal. En efecto, el hecho de que el revisor no haya encontrado el destino final de tan elevada suma de dinero público es alarmante y grave, más aún cuando se trata solamente del análisis de una pequeña, muy pequeña parte del gasto total ejercido, por lo que no es descabellado suponer que si hubiera sido posible la revisión de la totalidad de los dineros administrados por los distintos órdenes de gobierno, el monto de lo no justificado sería varias veces mayor.
Al respecto caben tres posibilidades, que coexistan parcialmente: defectos en el proceso de revisión, anomalías administrativas que no permiten la clara identificación del destino final de esos recursos o descarados desvíos de dineros públicos para beneficio privado, o sea, peculados. En buen romance: robos gigantescos.
A días de la noticia de lo que a juicio de la ASF no está debidamente comprobado, posiblemente las autoridades preparan las respuestas que no dejen dudas al respecto, pero hasta hoy, que yo sepa, prevalece el silencio. Lo cierto es que la información que nuevamente recibe la sociedad sobre el manejo de los recursos públicos, en momentos particularmente difíciles para el país, produce mayor erosión en la relación de gobernantes y gobernados, haciendo imposible la tan reclamada y necesaria unidad nacional.
Son respetables los discursos y acciones tendentes a defendernos de las agresiones del gobierno yanqui; es curioso ver a unos legisladores dando palos a Trump convertido en piñata y escuchar a otros espetarle a coro —como aullando a la luna— el ya famoso grito futbolero, pero nada de eso, ni mucho más, debe postergar la limpieza de nuestra casa y, por ende, la honestidad en el uso de los dineros que reciben las autoridades.
Es grave pecado social que algunos gobiernos no justifiquen lo que administran, pero no menor pecado es que la sociedad siga permitiendo que a esos abusos, como es costumbre, los cubra el polvo del olvido.
Reconociendo la probidad de muchos, muchísimos funcionarios públicos, no deben soslayarse las atrocidades que aún se dan en algunas áreas de la procuración e impartición de la justicia, y la criminal apropiación de dineros de la nación. También ahí hay crimen organizado, y los cantos a la Constitución no resuelven el problema.
