Si los datos oficiales reconocen que de los delitos (denunciados) el 98 por ciento quedan impunes, es axiomático que en México la soberanía no la ejerce el pueblo a través de sus leyes e instituciones, la imponen los violentos a modo de soberanos. Todo el que delinque impunemente, sea cual fuere su estrato social, soberanea. Ésa es la mayor tragedia nacional: México sigue siendo de los violentos y para los violentos.
Con ese porcentaje de impunidad solamente un mentecato puede afirmar que vivimos en un Estado de derecho.
Y peor aún, los atropellos a la ley se cometen desde la cúspide de la pirámide hasta su base. Desde el memorandum presidencial que ordenó a sus súbditos violar la Constitución (más sus diarias fechorías), hasta el vandalismo callejero “amparado” en el derecho de manifestación; desde la colusión de funcionarios y particulares en el saqueo inmisericorde de fondos públicos, hasta el narcomenudeo y huachicol de comunidades enteras; desde las tontamente llamadas “ejecuciones extrajudiciales”(como si las hubiera judiciales), hasta la “justicia por propia mano” de la autóctona y brutal Fuente Ovejuna.
Pues, en ese México putrefacto —aquí sólo esbozado— se ha encomendado a nuestras heroicas Fuerzas Armadas nacionales la seguridad pública, esa descomunal y nobilísima tarea de proteger la integridad, la vida y demás derechos de la población. Sin ser esa la actividad para la que vistieron sus uniformes ni haber pedido tal encomienda, aceptan el sacrificio por lealtad, obediencia y amor a México. ¿A cambio de qué? De arriesgar y perder sus vidas, de causar duelo y desamparo a sus familias, y lo más humillante: soportar imputaciones canallescas y calumniosas de su Jefe Supremo, al grado que afirmó: “si por mí fuera las desaparecería”. Además, les ordenó expresamente desde el principio de su gobierno —lo que de hecho sucedía— soportar, sin defenderse, lesiones, injurias y crueldades, haciéndolos huir entre palos y pedradas como si fueran cobardes.
Por eso, para mí, la noticia nacional MÁS TRASCENDENTE de los últimos tiempos es, precisamente, la fuerte y clara advertencia hecha por el Secretario de la Defensa Nacional, General Cresencio Sandoval, que los hombres y mujeres de Armas harán valer su legítima defensa ante agresiones de las que sean víctimas; QUE VAN A RESPONDER CON FUERZA Y DETERMINACIÓN, respetando la ley y los derechos humanos.
Esa advertencia debe poner fin a la ominosa claudicación gubernamental y ser apenas el principio de un esfuerzo nacional para lograr el auténtico Estado de derecho y, así, la CONVIVENCIA EN EL ORDEN.
La decisión del General Secretario restituye a la tropa y sus mandos el respeto y la honra que nunca merecieron perder; requisito indispensable para comenzar la pacificación del país. Así sí: ¡Viva México!
