A los mexicanos debe resultarnos altamente gratificante escuchar la sacra voz de su Alteza Pequeñísima cuando reconoce a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como poder independiente. Por supuesto, lo hace tramposamente al afirmar: “ya la perdimos”, lo cual es tanto como decir “la tuve y la perdí”, siendo una falacia porque nunca la tuvo. La mayoría calificada (y muy calificada) de ministros no ha caído en esa infamia: ha defendido y defiende con pundonor a la Constitución, y ese es su deber, no otro.
En ese empeño, es valioso y trascendente el viraje ordenado por la ministra Norma Lucía Piña al llegar al frente de la Corte, pues suprimió las pestilentes consignas por medio de las cuales algunos jueces y magistrados se veían obligados a resolver en determinado sentido y a contentillo del Ejecutivo federal.
Ahora ningún juzgador por actuar conforme a Derecho está amenazado con ser despedido ni sancionado administrativa o penalmente; ni corre riesgo de ser exiliado a un tribunal alejado, con enorme daño personal y familiar.
Los gobernantes mantienen el derecho de alegar verbalmente o por escrito ante los juzgadores (como también los gobernados podemos hacerlo) pero ya no les resulta fácil decidir el sentido de resoluciones judiciales.
Pregunto a los cuatroteros: ¿Si el derecho a la libre manifestación no tiene límites y permite a unos “indignados” bloquear por tiempo indefinido la puerta principal del Palacio de Justicia, tapizando su fachada con carteles saturados de diatribas, y utilizando megáfonos para vomitar disparates, también los ciudadanos podemos cerrar la puerta principal del Palacio Nacional y forrarla con mensajes alusivos a los ascendientes de su Alteza Pequeñísima, alegrando la escena con música de viento? ¿Está permitido hacer otro tanto frente al edificio donde debiera gobernar la adorada corcholata chilanga, siempre en gira y “dictando conferencias magistrales”?
¿A qué excesos de confrontación y violencia quieren llevarnos esos canallas? El tiempo lo dirá, y lo peor está por venir. No debemos permitir el atropello a la dignidad nacional.
Ciertamente es imperiosa la necesidad de corregir y mejorar la procuración e impartición de la justicia, pero eso jamás se lograría si el Poder Ejecutivo, para materializar impunemente sus demasías, tuviera cooptado o sometido al Judicial.
Se humilla y lacera a la sociedad cuando tarda o no llega la justicia, pero llenar de dicterios y anatemas al Poder Judicial desde el púlpito marranero (y azuzar a sus mascotas babeantes) es arrasar con el Estado de derecho y pavimentar el camino a la tiranía. Por eso los ciudadanos libres debemos atajar la insolente y febril persecución en contra de nuestros jueces, encabezada por el depredador endiosado con su secta de tábanos y moscardones.
