• Regístrate
Estás leyendo: Fiscalizar el dinero en las campañas
Comparte esta noticia
Martes , 21.05.2019 / 16:17 Hoy

Columna de Ciro Murayama

Fiscalizar el dinero en las campañas

Ciro Murayama

Publicidad
Publicidad

La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 18 de abril que revocó la determinación del Instituto Nacional Electoral de sancionar con el retiro de la candidatura a dos contendientes a gobernador por Morena, en Durango y Zacatecas, por no haber presentado sus informes de ingresos y gastos de precampaña, ha generado preocupación sobre si el modelo de fiscalización a los actores políticos se aplicará en toda su exhaustividad y exigencia.

La rendición de cuentas de los partidos y candidatos acerca del origen del dinero que usan en sus campañas, así como el control sobre los montos gastados, tiene el propósito central de buscar la legalidad del financiamiento que fluye a la política y de evitar que el derroche se vuelva el fiel de la balanza de las contiendas electorales.

En México, además, se ha avanzado a un modelo de fiscalización que realiza el INE en todo el país, con independencia de si se trata de recursos o campañas locales o federales, y en el que las violaciones a las reglas tienen efectos en el mismo proceso electoral en que se cometen. Puede perderse el derecho a ser postulado, se pueden cancelar registros e incluso se puede anular alguna elección.

Por ello es muy importante que partidos y candidatos presenten sus informes de ingresos y gastos en los plazos previstos en la ley, para que el INE pueda contrastar esa información con toda la evidencia que la propia autoridad recaba en trabajo de campo y, a través del sistema financiero, se entreguen las conclusiones de la fiscalización antes de que las elecciones sean calificadas por las autoridades jurisdiccionales.

La sentencia del tribunal toma como un atenuante la entrega extemporánea de informes en el caso de las precampañas. El INE ha acatado la sentencia. Pero a la vez, se advierte que permitir que los partidos y candidatos puedan violar los plazos legales de rendición de cuentas, no en las precampañas, sino ya en las campañas interpartidistas, puede comprometer todo el modelo de fiscalización.

Basta decir que en las elecciones del próximo 5 de junio habrá mil 166 cargos de elección popular en disputa en 14 entidades federativas. Eso implica más de 6 mil candidatos; esto es, más de 6 mil campañas a fiscalizar y sobre las que el INE tiene que presentar sus conclusiones y hallazgos en plazos fatales.

De acuerdo con la ley, los partidos y candidatos han de entregar su informe final de ingresos y gastos de campaña tres días después de concluido el proselitismo (4 de junio). Luego, en 10 días más el INE debe entregar a los actores políticos un oficio de errores y omisiones señalando lo que encontró en la fiscalización.

Partidos y candidatos tienen que responder esas observaciones en cinco días, y diez días más tarde la Unidad Técnica de Fiscalización del INE debe presentar el dictamen de cada campaña. Como se ve, en apenas 25 días debe hacerse el trabajo técnico de fiscalización.

Eso hace indispensable que todos los informes se presenten a tiempo. De lo contrario, se hará inviable tener conclusiones acerca de la legalidad de los ingresos y gastos de los partidos y candidatos.

Confío en que el Tribunal Electoral, junto con el INE, confirme que en las campañas los plazos legales son eso, tiempos fijos de obligatorio cumplimiento, para que así la fiscalización no sea un papel mojado, sino un ejercicio riguroso y exahustivo a todos los actores políticos por igual.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.