Venustiano Carranza, como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, convocó en septiembre de 1916 a un Congreso que no podría ocuparse de otro asunto que “del proyecto de Constitución de 1857 reformada”; el 1 de diciembre, él mismo presentó en Querétaro su “Proyecto de Constitución reformada”. El Congreso celebró 80 sesiones en 48 días (asistieron 148 diputados en promedio por sesión).
El Decreto de Promulgación expedido en Querétaro el 5 de febrero de 1917 dice: “Venustiano Carranza… ha tenido a bien expedir la siguiente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857”, esta leyenda es la oficial y así aparece en todas las ediciones de la que llamamos Constitución de 1917, este nombre, al igual que el término México, no es el legal. ¿Cuál era la idea de Constitución de los constituyentes?, nada lo explica mejor que la placa que se encuentra en el pórtico del Teatro Iturbide: la Constitución “contiene las promesas hechas al pueblo de México por la Revolución”.
Diego Valadés en su libro La Constitución y la realidad (Porrúa, 2016) hace un análisis demoledor de nuestra carta magna. Entre los muchos cuestionamientos y críticas que formula, destaca: “la Constitución fue la expresión de las ideas populares; ahora, es la expresión de los intereses cupulares”; “hoy el país se enfrenta a un vacío conceptual que convierte a la Constitución en un instrumento del poder, no de la sociedad”. Agrega, “Hoy, la Constitución no ofrece respuestas a la inequidad, la pobreza, la corrupción y la inseguridad… gran déficit de la gobernabilidad que padecemos se debe a la endeblez constitucional”.
Agrega, el federalismo es una contradicción y ha devenido en un pretexto para erigir cacicazgos. El abuso de creación de organismos constitucionales autónomos que no forman parte de los poderes (existen 13) son una distorsión constitucional que se origina en la desconfianza de cómo se practica el poder en México y a la ausencia de controles políticos eficaces.
Al abordar el tema de la corrupción Valadés apunta, para tener éxito en reducir la corrupción es indispensable modificar el ejercicio del poder, no se trata solo de un desafío ético que se resuelva solo con actos de voluntad personal ni con medidas más punitivas; la impunidad no se debe a la falta de normas para castigar la corrupción, si no se rompe el nudo gordiano de la irresponsabilidad política, por más contralorías, comisiones y fiscalías que se creen, los resultados continuarán siendo los mismos. Advierte, la situación nacional es aciaga porque la confianza en el orden jurídico está fracturada; el escepticismo está instalado en el país porque las instituciones son ineficaces ante la pobreza, la corrupción, la ineptitud y la violencia.
El constitucionalista alemán Karl Loewenstein clasificó las constituciones en tres tipos: normativas, cuando existe coincidencia entre lo que prevé la Constitución y lo que ocurre en la realidad; nominales, cuando existe una desviación importante; y semánticas, cuando la realidad no coincide con lo que dispone la Constitución.
La Constitución mexicana de 1917 es semántica porque la realidad social no coincide con su contenido, ya que a pesar de que se exaltan y se reconoce de manera extensa los derechos humanos estos se vulneran cotidianamente; el Estado no tiene capacidad para cumplir los muchos y ambiciosos derechos sociales que la Constitución reconoce, la educación sigue siendo insuficiente en cobertura y calidad; los derechos indígenas, alimentación, salud, medio ambiente, agua, vivienda, cultura, salario remunerador, desarrollo rural, rectoría económica y muchas más son meras normas programáticas que se suman a decenas de disposiciones absurdas, baladíes y hasta contradictorias entre sí.
Siendo sinceros no tenemos mucho que festejar, el 90 por ciento de la población no conoce su Constitución, la situación que se vive en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia es alarmante; el carácter federal de nuestro sistema es una parodia; el costo de la estructura electoral y el financiamiento que reciben los partidos políticos es insultante; el Estado de derecho es exiguo; el laberinto jurídico, atrofiante; la gobernabilidad está en riesgo; la corrupción y la impunidad rebasan cualquier regulación constitucional (incluida la reforma que creó el sistema nacional anticorrupción).
Las casi 700 reformas (de 22,000 palabras originales el texto tiene ya 67,000) adulteraron su esencia; su diseño institucional no sirve para la buena gobernanza; es un instrumento que no puede cambiar la realidad social como soñaron quienes la elaboraron; la manipulación de que ha sido objeto, el abuso demagógico que se le ha dado y su falta de cumplimiento la han convertido en ficción.
Es triste que después de cincuenta años de estudiar la Constitución mi desencanto sea menor que la tribulación de que México no tenga una buena ley constitucional.
csepulveda108@gmail.com
