Esta semana conocimos primero en The Washington Post y después en voz de las afectadas una barbaridad más de la Procuraduría General de la República en el sexenio pasado. Entre 2015 y 2016, la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada que tenía en sus manos el caso de la masacre en San Fernando, Tamaulipas, se puso a investigar a la representante de las víctimas, la periodista que con más ahínco investigaba el caso y a una perita.
Como lo explicaron ellas, “argumentando que se estaba ante una investigación de secuestro y delincuencia organizada y sin contar con autorización judicial, como lo exige la ley, la entonces PGR solicitó de forma ‘extraurgente’ información a las compañías telefónicas de todas las llamadas (entre febrero de 2015 y abril de 2016) para acceder a todos los registros telefónicos, los mensajes que se originaron y recibieron en sus teléfonos, así como para su geolocalización. Con base en eso, solicitó a la Policía Federal cruces de información y análisis de sus movimientos y contactos; requirió y recabó información y documentación personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De esta forma, la entonces Seido equiparó el trabajo de Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti con la delincuencia organizada”.
Una barbaridad más.
Con excepción del caso Ayotzinapa, que por ser prioridad del Presidente se han comenzado procesos en contra de algunos ex funcionarios de la PGR, y a pesar del cambio de nombre, la supuesta autonomía, la mayor parte de la institución sigue sin limpiarse ni corregir las maneras en que abusaba de su poder.
Si alguna organización necesitaba y sigue necesitando una transformación (no importa el número) es la hoy FGR antes PGR. Pero lo que hemos visto en estos tres años no es muy diferente, la utilización política de la ley y del aparato de justicia.
Esta semana conocimos, por la persistencia de las víctimas, este caso. ¿Qué hará la FGR de Gertz? Esto piden las víctimas de este abuso: “Frente a lo sucedido y frente a esta impunidad sistémica, la actual FGR tiene la oportunidad de depurar el área de delincuencia organizada, fortalecer la Fiscalía de Derechos Humanos y reformar el sistema de investigación de casos que implican graves violaciones a los derechos humanos y así fortalecer el derecho a la justicia y la verdad de las víctimas, sus familiares y de la sociedad”.
No soy demasiado optimista.
Carlos Puig
@puigcarlos
