El lunes 20 de octubre en Apatzingán, Michoacán, fue asesinado Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, quien había hecho multitud de denuncias de cómo el crimen organizado dominaba la región.
Una semana después viajaron a Apatzingán el general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien comunicó que se reunieron con productores de limón, el gobernador Ramírez Bedolla “y otras autoridades locales para escuchar sus inquietudes y fortalecer las acciones conjuntas frente a los delitos de extorsión y cobro de piso”.
Agregó que “se reforzarán las operaciones conjuntas del Gabinete de Seguridad, la fiscalía de Michoacán y la secretaría de Seguridad del estado, así como las acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector productivo y detener a quienes amenacen la paz de Michoacán”.
Uruapan está a unos 100 kilómetros por carretera de Apatzingán. Uruapan es capital del aguacate. El sábado asesinaron al alcalde Carlos Manzo, quien también llevaba un rato denunciando las acciones del crimen organizado y pidiendo ayuda. Utilizaba chaleco antibalas en sus salidas al territorio que gobernaba.
El mismo sábado, en La Ruana, a unos 50 kilómetros de Apatzingán, asesinaron a Alejandro Torres Mora y su esposa. Él era sobrino de Hipólito Mora, líder de los grupos de autodefensa, también asesinado hace dos años.
Los que “amenazan la paz de Michoacán” no parecen haber escuchado al secretario García Harfuch. O a lo mejor solo se refería a Apatzingán, no a las ciudades a una hora en coche.
El 11 de diciembre de 2006, hace casi dos décadas, el presidente Calderón comenzó su “guerra” en Michoacán. Tres años más tarde sucedió el michoacanazo —incluida la detención de 30 funcionarios públicos, incluyendo 12 alcaldes—, que terminó en la nada.
Poco cambió en esos años y las cosas solo empeoraron en el sexenio siguiente, en donde el estado se quedó sin gobernador, después de revelarse su cercanía con La Tuta, líder de un grupo criminal, así como la de Julio Cesar Godoy, protegido por el PRD. Se nombró a un comisionado para la paz que no pacificó demasiado. El sexenio pasado: abrazos.
Ayer la Presidenta se reunió con su Gabinete se Seguridad. Reafirmó su “compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia”.
Michoacán, 19 años después.
