El sábado comenzaron a llegar a mi teléfono notificaciones de varios medios de comunicación: “Liberan a militares de Ayotzinapa”.
Bastaba entrar a las notas para encontrar el problema con la notificación y, en algunos casos, la cabeza de la nota en algunos medios.
No, los militares no habían sido legalmente “liberados”, usado como un cercano sinónimo a exonerados; se había cambiado su prisión preventiva por medidas cautelares para que enfrenten el proceso fuera de la cárcel. Siguen siendo presuntos responsables, habrá juicio.
La misma fiscalía había pedido que tuvieran juicio fuera de prisión con medidas cautelares. Más adelante regreso a eso.
En el mundo civilizado esto sería normal. No aquí en donde la incapacidad de las fiscalías a la hora de armar un juicio hace que a la mayoría de las personas sospechosas, presuntamente responsables, los claven en una prisión por años más allá de pruebas o juicio con tal de castigarlas aun siendo inocentes como las nombra la Constitución.
La perversa lógica del punitivismo confiesa: ya que no podremos ganar un juicio, pues guárdalos de una vez unos años “para que aprendan”.
Este es un gobierno y un partido mayoritario que ama la prisión preventiva oficiosa y ha aumentado el número de delitos que la “merecen” más allá de tratados y convenios internacionales.
En sus alegatos mañaneros, el Presidente habla de “delitos graves” y cómo no lo eran en otros tiempos y ahora sí lo son y eso es justicia. En el lenguaje mañanero, “delitos graves” son aquellos que merecen prisión preventiva antes de juicio, que cada vez son más y llenan las prisiones de inocentes.
Regreso al caso del fin de semana.
Después de la decisión judicial de cambiar la medida cautelar, la Covaj, dependiente de la Secretaría de Gobernación, salió muy indignada —no se rían— a atacar al Poder Judicial.
Pequeño detalle: es la fiscalía con el acuerdo de la Covaj quien había pedido que los militares enfrentaran su proceso fuera de la cárcel, lo que no hacen con nadie más. La fiscalía los quería en prisión domiciliaria, el tribunal colegiado la ha cambiado a fianza y firmas semanales. Ningún comunicado cambia quién manda de verdad en esa fiscalía y esa comisión (visten de verde). Porque este gobierno quiere a todos en la cárcel antes de juicio y, a juzgar por muchas reacciones de estos días, cada vez más mexicanos, incluidos, para mi sorpresa, algunos que dicen defender los derechos humanos. Todo mal.
