Al momento de entregar esta columna es oficial y público que el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general Mérida, se ha entregado a las autoridades estadunidenses y ha comenzado el largo proceso de intercambio de información por algunos beneficios en su juicio y sentencia.
El general, sin embargo, fue uno de varios secretarios de Seguridad de aquel estado, duró sólo 15 meses y llegó cuando las cosas ya estaban —por decirlo de alguna manera— arregladas. Ya sabremos en el juicio qué tanto colaboró y se benefició del acuerdo con Los Chapitos, como dice la acusación.
La clave de la acusación está en el otro acusado que, parece, ha comenzado el proceso de entrega y colaboración: el exsecretario Enrique Alfonso Díaz Vega. Aclaro: digo “parece” porque no es oficial, aunque varios periodistas a los que respeto y un par de fuentes propias me aseguran que así es, que muy pronto se presentará, como Mérida, ante un juez en Nueva York.
Digo que es la clave porque el documento estadunidense, la acusación del Gran Jurado, es insólita en la relación bilateral porque narra algo que, aunque se sabía en México, no estaba en un documento de ese tipo: la compra de un estado mediante la intervención —soy generoso— en una elección estatal por parte del crimen organizado para imponer un candidato.
Lo dicen con todas sus letras y es el centro narrativo de la acusación: “Para apoyar la elección de Rocha Moya, los líderes de Chapitos, entre otras cosas, ordenaron a los miembros de Chapitos que robaran papeletas con votos para los oponentes de Rocha Moya, y secuestraran e intimidaran a los candidatos de la oposición/…/ y a cambio del apoyo de Los Chapitos en su elección, Rocha Moya ha permitido que Los Chapitos operen impunemente en Sinaloa”.
No es que no lo supiéramos ni que Sinaloa sea, por fuerza, el único estado. Pero el carácter de la acusación, el lugar donde se dará algún juicio, los testigos que aparecerán —incluidos los criminales del cartel más grande de México por muchos años—; no es cualquier cosa.
Me pregunto si más allá de narrativas para aguantar el golpe, medio proteger a algunos aliados, causar más polarización —véase Chihuahua— el partido en el poder, sí, el que llevó a la gubernatura a Rocha Moya, está pensando con este contexto en qué hacer frente a las elecciones de 2027. Entiendo que hoy dicen que “no pasarán”. Pero sí pasaron y hasta hoy los defienden porque ganaron. ¿Cómo harán? Si es que en verdad harán algo o preferirán seguir de ganones.
